El presunto fraude de la Caja Progresa podría quedar impune, advirtió la lideresa del Movimiento de Socios Defraudados, Marycarmen Soria Narváez, quien calificó como opaco el proceso de auditoría que emprende el gobierno del estado.
Tras la segunda reunión de socios con el despacho auditor y autoridades del Gobierno y de la Procuraduría de Justicia, Soria Narváez, estimó que el gobierno dio largas a la conformación del Fideicomiso Pago para “pactar” con Lidia Arvizu, titular de la Caja.
“Nos preocupa que las denuncias penales (más de 900 a la fecha) no procedan, que ellos (la PGJE) no consideren tomar medidas preventivas y que si hay delito no hay tiempo para tomar acción penal”, denunció Soria Narváez.
Según la lideresa, el despacho auditor ya revisó los documentos de 2000 a 2012, y una vez que terminen de recalcular las finanzas de la Caja, se determinará si hubo una mala administración o se cometió algún delito.
Los socios defraudados exigen que el peso de la ley caiga sobre Lidia Arvizu y su mesa directiva; sin embargo la PGJE no ha tomado medidas cautelares contra la presunta defraudadora.
“Consideran que no hay condiciones para hacer la detención preventiva, pues no hay posibilidades de que la señora quiera fugarse, y esperan el resultado de la auditoría”.