Dos años y 8 meses han pasado y 88 guanajuatenses que emprendieron su viaje a Estados Unidos siguen desaparecidos, entre ellos siete celayenses.
Así lo confirmó Susana Guerra Vallejo, coordinadora del Instituto Estatal del Migrante y Atención a sus familias.
Las historias comenzaron a tejerse en marzo del año pasado, a la par de los asesinatos masivos en San Fernando, Tamaulipas, y el descubrimiento de fosas clandestinas ahí y en Victoria de Durango.
Sólo en ambos estados encontraron casi 600 cuerpos sepultados en fosas clandestinas.
Hasta ahora 12 guanajuatenses pudieron ser identificados, originarios de Irapuato, Comonfort, Valle de Santiago y Tierra Blanca.
Pero existen familias por todo el estado aún preguntándose donde están sus familiares: 3 originarios de Apaseo el Grande; 7 de Celaya; 11 de Irapuato; 9 de Salvatierra; 23 de San Luis de la Paz; 6 de Tarimoro; 4 de Tierra Blanca; 4 de Valle de Santiago; 10 de Comonfort; 9 de Villagrán; 3 de Acámbaro; 2 de Juventino Rosas; 1 de Santiago Maravatío y otro más de San Miguel de Allende.
“Tenemos registrados que en su momento tuvimos aproximadamente 100 desaparecidos producto del crimen organizado, de los cuales únicamente logramos identificar 12 cuerpos, el resto están presuntamente desaparecidos, se está trabajando con la PGR, se siguen haciendo las solicitudes correspondientes a la autoridad federal para que se nos informe de cuál es la situación de las investigaciones de Treviño y San Fernando, pero el informe que tenemos es que de estos 100, son 12 identificados y entregados a sus familias y el resto no han sido localizados todavía”.
Estos casos, dijo, fueron reportados en 2011 cuando migrantes mexicanos viajaban en autobuses y ante los ojos de sus familiares fueron secuestrados en San Frenando, Tamaulipas, por grupos de la delincuencia organizada.
AM dio cuenta al menos de dos familias de Rincón de Tamayo que perdieron a sus familiares en marzo de 2011.
Según la versión de familiares de esas dos personas desaparecidas, los celayenses abordaron un camión de la línea Ómnibus de México -unos el 23 y otros el 26 de marzo-, pero fue en San Fernando, Tamaulipas, donde se toparon con un retén de hombres armados que les solicitaron una cuota de 300 dólares.
Quien los pagó pudo irse, pero quien no, debió irse con ellos y no volvieron a saber de su paradero.
Hace unos meses fue detenido Miguel Ángel Treviño Morales, señalado como el responsable de ordenar los retenes y asesinatos de migrantes en San Fernando, pero hasta ahora su captura no ha ayudado a dar con los desaparecidos, reconoció Guerra Vallejo.
“Lamentablemente no (ha habido avances) de hecho mandamos con el apoyo del Gobernador una solicitud muy clara y muy contundente de solicitar la presencia de un funcionario federal de la Procuraduría, porque es lo que pide la familia, que digan qué pasó y han salido notas de que se agarró a tal, cosas que pueden despejar cierta información y lamentablemente no hemos recibido ninguna respuesta oficial, pero seguimos insistiendo”.
El Instituto del Migrante sigue en contacto con los familiares de los desaparecidos, aunque aún sin buenas ni malas noticias que darles.
De los desaparecidos sólo había un caso de un joven de 18 años, el resto son personas de entre 25 y 40 años.
Luis Vargas, director del Instituto del Migrante, dijo que este año esperan que unos 35 mil migrantes retornen a Guanajuato, para cuya protección la Policía Federal y las policías estatales realizarán diversos operativos.
Abusan funcionarios de los inmigrantes
Robos y violaciones se siguen cometiendo contra migrantes en los municipios por donde pasa el tren, incluido Celaya, reconoció el legislador federal Raúl Gómez Ramírez, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados.
“Por la cuestión de las vías sí ha habido denuncias de que hay robos, hay violaciones, entonces la autoridad en este caso estatal ha estado combatiendo eso, pero imagínese si vamos a poner un Policía en todas las vías, no contaríamos con presupuesto para seguridad pública nada más de proteger esto, en su momento las autoridades ven ese problema y cuando hay denuncias lo atienden.
“Por donde pasa la bestia (tren), son los focos rojos que se tienen, donde hay el paso de la bestia es donde habrá ese tipo de problemática, desde la entrada hasta la salida, la parte de Veracruz es preocupante por el crimen organizado, la entrada al País que es Chiapas, la Costa Este es la mayor problemática”.
Reconoció que parte de los abusos son cometidos por funcionarios públicos.
“Es preocupante que las propias autoridades sean quienes extorsionen, porque hemos solicitado al Gobierno norteamericano que respete los derechos humanos de nuestros migrantes connacionales que viven en Estados Unidos y que nosotros no respetemos eso”.
Dijo que desde la comisión que preside hicieron un llamado para que vigilen el paso de los migrantes centroamericanos, pero también para que quienes cometen delitos sean deportados.
“La Comisión de Asuntos Migratorios ha hecho un exhorto al Instituto Nacional de Migración para que los migrantes que van de paso no sean extorsionados, que si se comete algún delito se tiene que repatriar o deportar a su lugar de origen, no podemos permitir que tengamos delincuentes en nuestro País, aquí se protege a ciudadanos pero no delincuentes”.
Para fortalecer la vigilancia y atención a los centroamericanos, reveló, en el presupuesto del próximo año destinarán fondos a la construcción en el País de 4 albergues, aunque no aclaró si alguno estará en Guanajuato.
“En la Comisión de Asuntos Migratorios estamos solicitando presupuesto para que por parte del DIF se puedan hacer albergues en diferentes puntos de México a la entrada al sur, como al norte y en el centro de México, estamos hablando de 4 albergues para iniciar”, finalizó el diputado federal Raúl Gómez Ramírez.