El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) exhortó al gobernador Miguel Márquez Márquez y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alfonso Fragoso, a revisar la labor de los funcionarios públicos que se vieron involucrados en el caso de María de la Luz Salcedo Palacios.
A través de un documento que entregó el coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, precisó:
“Esperamos que se inicien los procesos de investigación, cuanto antes, y dé sanción de los servidores y las servidoras públicas que hayan estado involucrados en el caso. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato prevé dentro de la propia norma, un capítulo de responsabilidades de los servidores públicos cuando se omite algunos de los preceptos de la ley, entonces no hay impedimento jurídico para que se inicien las investigaciones”.
Dijo que el caso de Lucero Salcedo podrá sentar un precedente y mandar un mensaje claro a los agresores sobre cero tolerancia a las acciones de violencia contra las mujeres en Guanajuato.
“Hemos podido dar seguimiento del manejo que se ha dado, nos preocupa mucho el mecanismo de intercesión que se ha dado en el caso de Lucero porque deja de manifiesto que todavía nos falta mucho por hacer en materia de acceso a la justicia en el País”.
Inmujeres solicitó que se aplique la ley a los funcionarios en caso de demostrarse que no aplicaron los estándares de derechos humanos de las mujeres, dijo Navarrete Gutiérrez.
Resaltó que es de suma importancia que la justicia se ponga del lado de las víctimas y no se prejuzgue por un comportamiento ajeno a los hechos denunciados, porque se aleja de la procuración de justicia ya que el caso de Lucero pudo haber terminado en feminicidio.
“Nos preocupa que no se haya atendido el caso bajo los criterios y estándares de derechos humanos. Nos preocupa que se esté culpando a la víctima de su suerte y que se estén ventilando de manera innecesaria asuntos de la vida privada. Parece ser que hoy el comportamiento de la víctima es más allá que cuestionar el actuar del agresor”.
El coordinador jurídico señaló que en México se denuncian 15 mil casos de violaciones, únicamente de mujeres, y por cada caso denunciado existen otros ocho no denunciados; esto lo atribuyen a la desconfianza a la autoridad, al temor de las víctimas y a los procedimientos burocráticos que deben librar para denunciar.
Por ello se estima que al año existen 120 mil casos de violaciones de mujeres en el País, de los que en promedio sólo cuatro mil de los agresores son sancionados.
Navarrete Gutiérrez resaltó que es importante que se revise el actuar de los funcionarios pues si no hay sanciones ejemplares, éste no cambiará.
Llama al Procurador a debatir
Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, invitó al procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre a tener una charla y no hacer comunicados oficiales sobre la agresión a Lucero Salcedo.
“Creo que él siempre ha tenido temor de hablar conmigo porque se trata de debatir, de pensar y se trata de una ciudadana que le puede exigir con todas las de la ley que haya justicia para las mujeres porque de esto sí sé.
“En lugar de estar ocupado en mandarme comunicados públicos ojalá se ponga a pensar y repensar y en principio a leer la Ley Estatal de Acceso, los tratados internacionales a los que está obligado a hacer”. Esto tras de que la Procuraduría negara las imputaciones de Verónica Cruz durante una entrevista:
“No se ha negociado, ni se negociará con el inculpado y su defensa. El trámite substanciado corresponde a los principios y reglas del Sistema Procesal Penal Acusatorio”, señaló el documento.
Cruz Sánchez declaró que su conocimiento sobre los derechos de las mujeres han sido avalados por su actuar en Las Libres.
“Los que sí me parece grave es que estén utilizando los recursos públicos para tapar un problema y no para empezar a trabajar para resolverlo. Hoy todas las autoridades se han puesto a disposición de Lucero y Lucero no necesita a todos a sus órdenes, Lucero necesita justicia y una garantía de que su caso no se va a repetir y hoy ninguna institución pública le han garantizado cómo va a accesar a la justicia”, señaló.