El gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez, declaró que da por cerrado que el Estado pudiera empujar o apoyar el proyecto “Guanajuato Iluminado” ante la poca respuesta de los alcaldes.
“El tema de Guanajuato Iluminado yo ya lo di por cerrado. Se ofreció el apoyo, ayudarles, la verdad creo que ahí no fueron en el tiempo que se requería y ahora yo lo más que puedo ayudar es con la prórroga (para que los municipios se hagan cargo del DAP). Que cada Municipio haga su análisis, haga su diagnóstico, que compre las lámparas donde guste, que cada quien lo haga”, expresó.
Dijo que había voluntad de apoyo de Gobierno del Estado con los municipios pues “Guanajuato Iluminado” comprendía bajar costos al comprar a una misma empresa las luminarias y las lámparas. Así como respaldar el cumplimiento de la firma de los convenios al promover la instalación de la empresa en territorio guanajuatense, que además significaría la creación de más fuentes de empleos.
Anotó que fueron unos 34 los municipios que mostraron interés en el proyecto por lo cual no se precisó el monto de la aportación que haría el Ejecutivo, aunque rondaba en los 20 millones.
Resaltó que dadas las fechas y por el carácter municipalista que tiene el tema, la única forma en que se dará apoyo a los ayuntamientos será a través de la prórroga del plazo para que estos se hagan cargo del cobro y pago del Derecho al Alumbrado público (DAP) y mientras tanto el Estado mantenga el respaldo para hacer frente a los amparos de las empresas.
Aunque la última palabra en ese tema la tiene el Congreso del Estado, que debe modificar la fórmula sobre el DAP o autorizar una prórroga para iniciar el nuevo esquema en enero y no en septiembre.
Recordó que será responsabilidad de los Ayuntamientos hacer las acciones necesarias para que sea equivalente el cobro con el pago que habrán de realizar para que sus finanzas no se vean afectadas.
“Hago votos por que hagan una revisión clara, precisa, y que la fórmula que vayan a modificar dañe lo menos posible las finanzas municipales, (…) ojalá el impacto fiscal, el impacto financiero, sea lo menos complejo para los municipios”, anotó.
Respecto a los amparos interpuestos por el cobro ilegal del DAP, Márquez Márquez señaló que han exhortado a las empresas a no recurrir al derecho de amparo aludiendo a la conciencia social, pero están en su derecho de hacerlo al estar definido que el actual esquema es anticonstitucional.
“Un llamado en el sentido de responsabilidad de las empresas y que más allá del amparo y la ley que los protege y que están en todo su derecho yo apelo al sentido de corresponsabilidad social, esto es ayudar a aquellos que menos tienen”, concluyó.