Gerardo Trujillo Flores, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Guanajuato, señaló que el Ejecutivo tiene voluntad para resolver la recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), por lo que seguirán revisando los amparos de los 46 municipios del Estado.
“En Guanajuato tenemos que entender que hay un respeto de poderes, y hay una coordinación del Ejecutivo con el Legislativo, la decisión que tomó el Legislativo para ampliar y hacer el transitorio será un tema que tendrá que definirlo el Pleno del Congreso”, señaló el dirigente estatal.
Dijo que es importante tener el acompañamiento con los municipios y la Comisión Federal de Electricidad, para poder sentar las bases del convenio bajo las mismas condiciones y al mismo tiempo, y lograr una revisión clara de la tarifa de recuperación del DAP.
Indicó que atender esta cuestión es una obligación de los municipios, y que han pedido que el Congreso del Estado revise la misma fórmula, con la posibilidad de que se busquen facilidades administrativas, para lograr que el déficit sea menor y no tenga repercusiones fuertes en las finanzas municipales.
Trujillo Flores comentó que con el nuevo esquema que se está planteando en torno al DAP, se ha aprobado la parte jurídica que cumple con lo que ha señalado la Corte, aunque el alcance de los efectos jurídicos les son desconocidos, pues es la primera vez que se implementará.
Asimismo comentó que existen riesgos de que los municipios que cuentan con déficit se queden igual, por lo que es importante que la corresponsabilidad sea vista con el Congreso del Estado al momento de fijar la tarifa de pago.
El gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, dio como plazo hasta diciembre de 2013 a los 46 municipios de Guanajuato para ponerse al corriente con el pago del DAP, y mencionó que ya no habría más prórrogas.
Contexto
En representación de los alcaldes de los 46 municipios, el priísta Luis Gutiérrez Márquez, de la capital, y el panista Ismael Pérez Ordaz, de Celaya, solicitaron al Congreso del Estado cancelar la entrada en vigor de la nueva forma de cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP), que iniciará su vigencia el 1 de septiembre próximo.
Se acordó en las reuniones de trabajo sostenidas con la propia Junta de Gobierno, solicitar que se dejara sin efecto la entrada en vigor del decreto firmada por 23 municipios panistas, así como por los 16 alcaldes priístas.