En representación de los alcaldes de los 46 municipios, el priísta Luis Gutiérrez Márquez, de la capital, y el panista Ismael Pérez Ordaz, de Celaya, solicitaron al Congreso del Estado cancelar la entrada en vigor de la nueva forma de cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP), que iniciará su vigencia el 1 de septiembre próximo.
“…De acuerdo a las reuniones de trabajo previas, sostenidas con la propia Junta de Gobierno, tenemos a bien solicitarles se sirvan considerar dejar sin efecto la entrada en vigor del decreto número 60”, refiere la carta que firmaron Pérez Ordaz, en representación de 23 municipios panistas, así como Gutiérrez Márquez, por los 16 alcaldes priístas.
Aunque el secretario del Ayuntamiento, Antonio Ruiz Lanuza, afirmó que la petición se hizo a nombre de los 46 municipios.
Dicho decreto aplazó el inicio de la nueva forma de cobro del DAP del 1 de abril como estaba originalmente, al 1 de septiembre próximo.
En el escrito argumentan que la entrada en vigor como está planeada les ocasionaría problemas económicos a los municipios.
“Hasta en tanto y después del análisis correspondiente se encuentra un esquema de cobro en donde no se deje calidad de deficitarios a todos y cada uno de los municipios del estado, que es en la situación en que se encontrarán en caso de entrar en vigor la reforma.
“Lo que se obtuvo después de realizar varios casos prácticos en donde se realizaron fórmulas de aplicación de la nueva tarifa y se determinó que con dicha recaudación no se podría pagar ni siquiera la facturación”,
La carta entregada al Congreso del Estado de Guanajuato este 9 de julio, a las 10:03 de la mañana refiere que “..en la totalidad de los municipios consultados, no existen a la fecha, solventados los requerimientos necesarios para proceder al cobro de Derecho de Alumbrado Público en los términos del decreto que entraría en vigor el próximo 1 de septiembre del año en curso, y además con notable perjuicio económico para todos los municipios con el pago del servicio de Alumbrado Público a la Comisión Federal de Electricidad”.
La carta está dirigida a los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política: el panista Juventino López Ayala; el priísta Javier Contreras Ramírez; el ecologista Sergio Contreras Guerrero; la perredista Georgina Miranda Arroyo y el panalista Marco Antonio Miranda Mazcorro.
Ruiz Lanuza apuntó que las reformas vienen en beneficio de la ciudadanía, pero bajo la fórmula establecida para el alumbrado público se ven déficits en los municipios.
“Se solicita que se analice por parte del Congreso del Estado, el diferimiento de la entrada en vigor o se analice se deje sin efecto estas modificaciones a la Ley de Hacienda para los municipios para el cobro del Derecho de Alumbrado Público.. ”, comentó.
Finalmente, el Secretario destacó que se busca una mejor forma de facturación, que beneficie a la ciudadanía, y que los municipios no sean deficitarios.
Sesión extraordinaria
El alcalde Luis Fernando Gutiérrez Márquez se mostró confiado que el Congreso del Estado sesione de manera extraodinaria en agosto, para buscar una propuesta de fórmula para que los municipios no sean deficitarios en los pagos del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
“La Cámara por su lado en la plática que tuvimos después del oficio, es que ellos entrarán también en esta parte para ver si sesionan en el mes de agosto en sesión extraordinaria y contemplar esto.
“Para ver si en el mes de agosto ya hayamos logrado, alguna propuesta de fórmula”, apuntó el Alcalde.
El próximo martes sostendrán ejercicios con la parte jurídica y la tesorería, para estudiar el caso con detenimiento y los diputados consideren las propuestas.
Y es que el alcalde insistió que se busca dejar sin efecto el decreto, hasta en tanto y después del análisis se encuentre un esquema de cobro y no se deje en calidad de deficitarios a los municipios del estado.
… Y ¿qué es el DAP?
El DAP es el Derecho de Alumbrado Público que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a todos los usuarios de la energía eléctrica para financiar de ahí el servicio de alumbrado público.
Ese cobro se hace a todo tipo de consumidores: casas particulares, comercios e industrias a través del recibo de energía eléctrica. Se cobra 8% del consumo total que aparece en el recibo. Su desglose aparece antes del monto total que debe pagar bimestralmente cada consumidor.
Lo declaran inconstitucional
Sin embargo, desde los años 90’s, la Suprema Corte lo declaró inconstitucional porque su cobro es autorizado, cada año, dentro de las Leyes de Ingresos de los municipios, no sólo de Guanajuato, sino de otros estados y la facultad de fijar cobros por energía son facultad exclusiva de la Cámara de Diputados federal.
Por lo tanto, también desde hace años, las grandes empresas interponen amparos contra este cobro y los ganan, cada año, basados en esa inconstitucionalidad. Sólo el año pasado, 94 millones de pesos no se pudieron cobrar a empresas en el Estado por amparos ganados por el DAP, según informó en diciembre la diputada Karina Padilla Ávila, presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso.
Cómo se cobra
Hasta la fecha, a nivel estatal, el DAP se cobra de la siguiente manera, según explicó el mes pasado a AM Javier Pérez Salazar, director de la Unidad de las Finanzas Públicas del Congreso: La CFE hace el corte de caja de lo recaudado por todos los consumidores de energía eléctrica por concepto de DAP al final de cada bimestre y lo compara contra el consumo de alumbrado público.
Por un convenio existente desde hace años entre CFE y la Secretaría de Finanzas del Estado, el costo de la energía consumida por el DAP de los 46 municipios, lo cobra la CFE a la Secretaría de Finanzas.
En caso de que los municipios hayan consumido más de lo que se recaudó por su alumbrado público, Finanzas paga esa diferencia a la CFE y se la descuenta a los municipios de las participaciones que le corresponden cada mes.
Casas seguirán pagando lo mismo
Pero en diciembre pasado, el Congreso local modificó la forma de cobrar el DAP. Eliminó la inconstitucionalidad. Y ahora, el consumo total se cobrará dividiendo el costo total del consumo de la energía eléctrica en alumbrado público, entre el total de usuarios.
La cantidad resultante tendrá que ser pagada por igual por empresas, comercios y domicilios particulares.
Pero hay una excepción. Independientemente del resultado de la división, a los usuarios de casas habitación se les cobrará un monto máximo del 8%, que es lo mismo que pagan ahora, por lo que los consumidores domésticos no verán ningún cambio en sus cobros. Sólo los comercios y las industrias verán incrementos al pagar.