En un intento por frenar la corrupción imperante en el Hospital General Regional de León, Gregorio Martín del Campo fue nombrado director general el 17 de febrero de 2011.
Ahora está en la cárcel, acusado de realizar compras simuladas de medicamentos y material de curación a empresas al parecer inexistentes.
Durante 2011 y 2012, AM documentó los abundantes actos de corrupción que afectaban al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (Isapeg).
Las denuncias, realizadas por pacientes y empleados, permitieron comprobar que la corrupción no solamente se tradujo en robos y abusos, sino en prácticas que pusieron en peligro la salud de los usuarios, especialmente del HGR de León.
La hebra de la corrupción comenzó a mostrarse el 17 de febrero, cuando el secretario de Salud estatal, Jorge Armando Aguirre Torres, anunció que el director del HGR, Ernesto Castillo Villanueva, sería sustituido por Gregorio Martín del Campo Aguirre.
Aguirre anunció también la remoción del director del Hospital General de Celaya y del titular de la Jurisdicción Sanitaria número 6 de Irapuato.
AM publicó el 26 de febrero la explicación de los movimientos ocurridos en el HGR de León: múltiples denuncias de pacientes a quienes les colocaron material quirúrgico reciclado, que les provocó nuevos problemas de salud.
Las acusaciones señalaban que especialistas en traumatología habían convertido al HGR en un negocio particular: quitaban material como clavos o mallas ortopédicas a pacientes recuperados de sus lesiones y lo guardaban.
Cuando llegaba otro paciente, pedían material nuevo. Pero le colocaban los materiales usados.
Además canalizaban a pacientes a sus consultorios particulares, entre otras irregularidades.
Entre los cambios anunciados por el secretario Aguirre el 17 de febrero estuvo la salida de Ángel Humberto Chávez Carmona, jefe del área de Traumatología.
En el sector salud ya no quisieron hablar más del tema.
AM pidió entonces la versión oficial del despido de estos funcionarios al vocero de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Luis Aurelio Gutiérrez Martínez.
“La postura es la que el Secretario de Salud ya dio”, fue su respuesta. Pero Aguirre no había dicho nada.
Lo mismo ocurrió con el vocero de la Secretaría de la Gestión Pública, Gabriel Abraham Delgado López, a quien se le pidió que corroborara la existencia de denuncias por corrupción en el HGR de León.
“Ya se dijo que no hay nada de eso”, fue la respuesta.
El entonces nuevo director del HGR, Gregorio Martín del Campo Aguirre, también se negó a hablar de la corrupción.
Pero ya no hizo falta que explicaran nada.
Dos días después de las denuncias publicadas por AM, el secretario Aguirre Torres fue cesado y en su lugar designado Éctor Jaime Ramírez Barba, quien ya había ocupado el puesto en el Gobierno anterior.
Llega al quirófano, pero no lo operan
Las víctimas de las irregularidades cometidas en el HGR de León tienen nombre y apellido.
Una de ellas fue Ángel Muñiz Reyes, quien el 20 de noviembre de 2009 tuvo un accidente y se fracturó el brazo izquierdo.
Su familia lo llevó al HGR y después de dos meses, el doctor Martiniano Vázquez Rodríguez, quien había sido director de Traumatología, determinó que tendría que ser operado. Tuvo que comprar dos clavos y dos tornillos quirúrgicos en el negocio que le indicaron: Ortho Medic.
Al final, Ángel Muñiz entró al quirófano, fue incluso anestesiado… pero nunca lo operaron.
“Yo le comento a la enfermera: ¿qué me hicieron, si no me abrieron? Y me contestó: ‘Es que lo dormimos para acomodarle los huesos nada más’.
De los materiales quirúrgicos que compró ya nunca supo que había pasado.
Se llevaron ¡hasta batas!
El 17 de septiembre de 2012 AM publicó que el Congreso local había ordenado al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que presentara denuncia penal por tres fraudes que implicaron la pérdida de 20 millones de pesos para la Secretaría de Salud.
Al menos dos de los ilícitos ocurrieron en el Hospital General Regional de León.
La diputada Leticia Villegas, integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso, explicó entonces los hechos.
“El Isapeg compró un aparato de radiología digital por 6 millones de pesos. Pero la empresa no cumplió con echar a andar la maquinaria, no funciona. Está como de adorno. “Y la empresa no se quiere hacer responsable”, señaló.
La compra fue para el Hospital General de León. Pero hubo otro caso, de 13.2 millones de pesos, por la compra de un software que no funcionaba.
Y el colmo: una empresa que proveía batas y sábanas al Hospital General Regional de León se las llevó de manera irregular, por 909 mil 331 pesos
Confirman cochinero
Luego de las denuncias realizadas por AM en febrero, la propia Secretaría de la Gestión Pública destapó el 25 de marzo más casos de corrupción.
El titular de la dependencia, Luis Ernesto Ayala, aseguró que 33 médicos y empleados del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato -figura jurídica de la Secretaría de Salud-, cometieron diversos actos de corrupción y recomendó echarlos.
Ayala confirmó los casos de corrupción que AM había denunciado y anunció la destitución de 5 médicos y a 4 directivos del HGR.
El funcionario mencionó que además se descubrió que se cometieron actos ilícitos en la Dirección de Recursos Materiales, en la Dirección de Administración; en el Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud y en las jurisdicciones sanitarias de León e Irapuato.
También había personal implicado en corrupción en los hospitales públicos de Irapuato, Pénjamo y Jerécuaro.
El diagnóstico
Graves síntomas
La Secretaría de la Gestión Pública descubrió en 2011 hasta 18 prácticas irregulares en la Secretaría de Salud. Las más notables:
-Cobro de dádivas para entregas de contratos
-Modificación de licitaciones para repartir contratos.
-Médicos del HGR de León reciclaban material quirúrgico entre los pacientes.
-Algunos médicos utilizaban el HGR para canalizar pacientes a sus consultorios particulares.
-Pagos por $2.8 millones a 7 médicos especialistas que carecían de título.
-Pagos irregulares por $3.3 millones a 418 trabajadores de la Secretaría de Salud.
-Medicamentos caducos en clínicas de León, San Miguel de Allende y Salamanca.
-Faltante de $50 millones de fondos federales para el Seguro Popular
-Pago en exceso por $1.8 millones en medicamentos caros.
-Jineteo de intereses generados por los fondos federales transferidos al Estado
-‘Desaparición’ de medicamentos contra la influenza en Salamanca.
– Reparto de reactivos caducos para análisis clínicos en el HGR de León.
-Inhabilitación por 8 meses del área de diálisis en el HGR de León.
-Renta de equipo a pacientes de laparoscopía del HGR.
Denuncia a una ‘mafia’
El 2 de abril de 2011, una ex integrante del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud del Estado denunció que en esa dependencia operaba una organización con perfil delictivo, que encabezaban altos funcionarios.
La acusación la realizó María del Carmen Balderas Parada, quien fue cesada junto con otros cinco integrantes del Subcomité de Adquisiciones, porque supuestamente avalaron compras que no se hicieron totalmente.
En la carta dirigida al gobernador Juan Manuel Oliva, la ex funcionaria aseguró que la despidieron para encubrir a los verdaderos responsables de la corrupción.
Entre ellos, señaló a Héctor Martínez Flores, director general de Servicios de Salud, como la persona que se encarga de dirigir “una verdadera organización que puede encuadrar en asociación delictuosa o delincuencia organizada”.
Tuvieron ‘empresa consentida’
Más allá del caso del tomógrafo que le compraron con un sobreprecio de unos 15 millones de pesos, la compañía Mantenimiento Preventivo y Correctivo S.A., ha sido una presencia constante en los episodios de corrupción en el sector salud.
En una auditoría realizada el año pasado, el Órgano Superior de Fiscalización había acusado a la compañía de haber falsificado documentos y aportado domicilios inexistentes, para obtener 7 contratos por 294 millones de pesos en la Secretaría de Salud.
Por esos presuntos ilícitos, se interpuso contra la empresa una denuncia penal.
Pese a los antecedentes, la Administración actual recontrató a la empresa en marzo de este año, cuando le concedió un nuevo contrato por 780 mil pesos, para equipar hospitales públicos del estado.
Luego de que AM denunció los hechos, el 1 de abril, el Gobierno canceló el contrato con la empresa y despidió a dos funcionarios: el ingeniero biomédico Juan Gabriel Gómez Pérez y el ejecutivo de compras Manuel Rocha Martínez, encargados de verificar técnicamente la propuesta.