El senador panista Fernando Torres Graciano suscribió una iniciativa para expedir la Ley Federal de Minas que buscará fortalecer la rectoría del estado en la explotación y manejo de las concesiones, así como reducir los privilegios fiscales de este sector.
Esta propuesta incluye la implementación de un modelo de explotación minera con responsabilidad social, donde el Estado garantice el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, la seguridad de los trabajadores y la racionalidad de la explotación de los recursos minerales de la nación.
Las concesiones se reducirían de 50 años a 25 años, con la posibilidad de ser ratificados nuevamente.
A fin de reducir los privilegios fiscales de este sector, la iniciativa también propone la deducción de 77% a 65% de la maquinaria de la industria minera.
Y finalmente, establece un derecho minero aplicado al valor de la producción de 4.65%, los recursos obtenidos serán destinado al desarrollo de tecnología para la explotación minera, sustentabilidad ambiental y para un fondo de aportaciones para la construcción u obras de mantenimiento de infraestructura social básica como clínicas, servicios educativos, caminos, sistemas de agua y de otros servicios en estados y municipios con actividad minera.
Establece la obligación de consulta de los pueblos y comunidades indígenas para el derecho de consentimiento en el caso de concesiones mineras, bajo la supervisión de la CNDH. Y a su vez, se promoverían programas de fomento minero para los pueblos y comunidades indígenas.
Además, del fortalecimiento de la supervisión de las autoridades en materia laboral y ambiental.
Con esta iniciativa, se buscaría fortalecer la transparencia y el acceso del Registro Nacional Minero y del Sistema Nacional de Información Minera.
La iniciativa fue presentada por el senador del PAN, Armando Ríos Peter y fue turnada a la Cámara de Diputados para su dictaminación.