El abuso de testigos colaboradores y la falta de investigaciones científicas sobre presuntos delitos costaron a la PGR encabezada por Marisela Morales Ibáñez reveses judiciales y la caída de sus casos “estrella” de la lucha contra el crimen organizado.
A los últimos casos del general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, y de Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la SEIDO, se suman el del llamado “Michoacanazo”, en el que 35 funcionarios de ese estado señalados por el testigo colaborador “Jennifer” fueron absueltos.
El testimonio de este testigo también fue fundamental en los procesos contra Javier Herrera Valles, ex coordinador regional de la Policía Federal Preventiva y del ex comisionado Víctor Garay Cadena, igualmente absueltos, lo mismo que otros funcionarios de la PGR, Interpol y Policía Federal, detenidos y procesados en el marco de la llamada “Operación Limpieza”.
Otro caso en el que las acusaciones se basaron en el testimonio de un testigo colaborador fue el del ex presidente municipal de Benito Juárez, Gregorio “Greg” Sánchez, quien fue absuelto de una acusación por narcotráfico.
Beatriz Elena Veramendi Martínez, ex agente del Servicio de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos, fue liberada por la PGR el 16 de diciembre pasado, dos semanas después del inicio de la nueva Administración federal, tras estimar que la acusación que la vinculaba con la delincuencia organizada era de oídas y carecía de elementos.
Ayer, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, afirmó que inició una investigación contra “Jennifer”.
Esa indagatoria, añadió el Procurador, abarca a funcionarios que armaron las averiguaciones en los casos de Ramírez Mandujano y Ángeles Dauahare.
¿Se puede proceder en contra de este testigo protegido denominado “Jennifer”?, se le inquirió a Murillo.
“Estoy también obligado a hacerlo porque lo indicó un juez en una de las sentencias”, respondió el funcionario después de su participación en un evento a favor de la niñez en el Distrito Federal.