Por falta de recursos económicos, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial acordaron solicitar que la implementación del nuevo sistema de justicia penal oral en Celaya y León sea diferido, comentó el presidente del Poder Judicial, Alfonso Fragoso Gutiérrez.
“Reunimos los requerimientos que tienen la Procuraduría de Justicia del Estado, la Defensoría Pública y la Secretaría de Seguridad Pública, y del análisis que se hizo resultó que no hay recursos suficientes para satisfacer las necesidades tomando en consideración que deseamos mantener el nivel de calidad y resultados que se han dado en las etapas que ya están trabajando”, dijo Fragoso Gutiérrez.
El planteamiento de los 3 poderes, según el presidente magistrado, es generar una estrategia financiera para poder contar con el dinero suficiente; pero hasta el momento se desconoce cuál será.
En cuanto al Poder Judicial, se han realizado estudios sobre necesidades que se requieren en las regiones de Celaya y León, y a partir de ahí se presentó el planteamiento a los otros 2 poderes.
“Hemos insistido en que no se comprometa la calidad del servicio que se ha estado ofreciendo en las otras 2 regiones (en donde ya entró en vigor: Irapuato y Guanajuato) y que debemos garantizar que se mantenga, por esa razón se analizó la pertinencia de diferir para no comprometer de ninguna manera el nivel del servicio”.
Negó que haya una reducción en el presupuesto del Poder Judicial.
“Sucede que el monto de los recursos necesarios para Celaya fueron separados del Poder Judicial; se nos otorgó el presupuesto para la operación de lo que ya tenemos y se reservó el análisis de los requerimientos financieros de Celaya para un momento posterior, y en el análisis hecho determinamos que no hay dinero suficiente para implementar el sistema de justicia penal en las fechas definidas”.
En el caso del Poder Judicial hubo un incremento del 8% en el presupuesto para el año en curso; según el presidente magistrado, dicho presupuesto sólo se utiliza para la operación de los sistemas que ya existen.
Comentó que el Poder Judicial cuenta con 1 mil 167 millones de pesos que sirven para operar los sistemas ya implementados: oralidad penal ( en Guanajuato e Irapuato ), oralidad familiar, oralidad mercantil (que entra el 15 de abril) la etapa familiar para León, que se inicia en septiembre, además de los juzgados de adolescentes, juzgados de ejecución y justicia alternativa y los juzgados que ya operan y atienden las materias civil y penal.