Debido a la falta de una regulación clara en la compra de publicidad gubernamental se corre el riesgo de que las autoridades mantengan un control político sobre los medios de comunicación e influyan en su línea editorial para evitar críticas.
Por lo anterior, representantes de las organizaciones Fundar y Artículo 19 urgieron al presidente Peña Nieto a cumplir con su promesa de regular la difusión oficial al dar a conocer el segundo informe “El Costo de la Legitimidad, el uso de la publicidad oficial en entidades federativas”.
Además, alertaron, los excesos en el uso de recursos públicos están generando una propaganda político electoral, que no tiene que ver con la información que se debe dar a la ciudadanía sobre las actividades de un Gobierno.
Ana Cristina Ruelas (Artículo 19) y Justine Dupuy (Fundar) resaltaron que mientras no haya claridad en las reglas de cómo se reparten los recursos, seguirá no sólo la falta de transparencia, sino un abuso sin control por parte de los gobiernos, tanto federal como estatal.
En el informe se señala que las entidades gastaron 4 mil 518 millones de pesos en publicidad durante el año 2011, cifra que se pudo contabilizar a partir de peticiones de información que 27 entidades respondieron con dificultades, evadiendo precisar montos y criterios sobre los recursos que se erogan en comunicación social.
En 15 entidades donde se pudo hacer un seguimiento continuo, hubo un gasto de 12 mil 570 millones de pesos en publicidad en 2005 a 2011, siendo DF, Chihuahua, Nayarit, Campeche y Yucatán los que más han erogado.
En el estudio se resalta como un hecho grave que existan medios de comunicación en los que el 80% de sus ingresos dependen de la publicidad gubernamental.
“Hacemos un llamado urgente al presidente Enrique Peña Nieto para que atienda sus promesas de campaña sobre transparentar estos recursos públicos.
“Y de igual forma a los legisladores para que cumplan con sus obligaciones de regular el artículo 134 de la Constitución, mismo que prohíbe el uso propagandístico de la publicidad oficial”, se demandó en el evento en que se dieron a conocer los resultados de la investigación.
Dupuy señaló que Peña Nieto ofreció la creación de un instituto ciudadano para transparentar los casos de publicidad oficial, pero es un tema del que ya no se habla.
“No es solo un tema de transparencia, es un tema de acceso a la información, es un tema de libertad de expresión.
“Es una lástima que ahora que se discute la ley de telecomunicaciones no se ha considerado que la publicidad oficial es determinante en el panorama mediático en México”, dijo.
Por su parte, Ruelas opinó que el gasto excesivo en publicidad gubernamental se da por la falta de regulación y ello afecta el tipo de información que llega a los ciudadanos, pues puede ser sesgada.
“La regulación no es la panacea, pero lo que es cierto es que ahora nos hemos dado cuenta de que la asignación de publicidad oficial ha sido un instrumento para marcar la línea editorial de los medios y la información no está llegando a los ciudadanos como debiera llegar”, manifestó.
Indicó que falta la ley secundaria sobre la regulación de la publicidad oficial y que se concrete el ofrecimiento de Peña Nieto de crear una instancia ciudadana que regule y controle dicha publicidad.
Plantea supervisar a medios
La senadora priísta Marcela Guerra propuso que se pondere incorporar en la reforma en telecomunicaciones a un órgano que supervisar las prácticas de los medios de comunicación que chantajean a los políticos en épocas de campañas electorales.
“(Tengo) una preocupación que no veo que en la ley se atienda y que tiene que ver con los chantajes y con las malas prácticas que, muchas veces, caen en situaciones gangsteriles, sobre todo a nivel local, y se acentúan en las campañas políticas.
“Los chantajes y la amenazas son un delito pero, por la propia necesidad y la coyuntura política de las campañas, no se ven denunciados por miedo a que se vuelva una bola de nieve”, dijo la senadora por Nuevo León durante el foro sobre la reforma en telecomunicaciones.