La Contraloría Municipal tiene en marcha procesos administrativos en contra de cuatro funcionarios de la Administración de Ricardo Sheffield Padilla.
Integrantes del Ayuntamiento confirmaron a A.M. que la Contraloría inició las investigaciones para determinar las sanciones. Debido a que ninguno de ellos labora actualmente en la Presidencia Municipal, no se puede aplicar la destitución por lo que la sanción podría concluir en la inhabilitación de los cuatro ex funcionarios.
Los ex funcionarios son investigados por incurrir en irregularidades como beneficiar con contratos a familiares, deficiencias en los servicios contratados y autorizaciones que pusieron en riesgo el patrimonio municipal.
Se trata de los ex titulares de la Tesorería, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Alejandra Gutiérrez, Refugio Camarillo Salas, Manuel Villagómez y Mario Ontiveros, respectivamente.
“El tema lo tiene primero que concluir la Contraloría y al Ayuntamiento le tocará establecer y ejecutar las sanciones”, dijo un integrante del Cabildo.
Los ex funcionarios pueden ser inhabilitados hasta por cuatro años para desempeñar cualquier otro cargo público, sea en la Administración municipal, estatal o federal.
En el caso de Mario Ontiveros Orozco, la investigación se derivó luego de que una primera auditoría reveló que benefició a familiares con contratos de obra para modernizar el mercado Las Américas.
Estos contratos superaron los 3 millones de pesos y fueron otorgados a la constructora Lucerna S.A. de C.V.
A la ex tesorera Alejandra Gutiérrez se le inició una investigación por las deficiencias que reportó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la operación de GPS instalados a las patrullas.
En tanto que a Camarillo Salas, se le inició un proceso de responsabilidad administrativa por autorizar el trasplante de 150 árboles del arroyo La Patiña, propiedad federal.
Camarillo Salas también tiene una investigación por irregularidades en la operación del programa Tecnotrikes.
Bajo proceso también se encuentra Manuel Villagómez, por otorgar un permiso de división y uso de suelo que permitió la “privatización” de un tramo del bulevar Morelos y provocó que particulares demandaran al Municipio el pago de 150 millones de pesos. El caso fue resuelto en la presente Administración sin daño a los recursos públicos al entregar los particulares los terrenos al Municipio.