El presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo, demandó ayer del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, explicar a la sociedad qué sucede en su estado y por qué ahora las Policías comunitarias se han unido a los maestros para formar un movimiento popular.
“Las regiones en el País tienen encargados de su gobernanza y creo que el titular del Ejecutivo de Guerrero tendrá que salirle a responder a la sociedad por qué está pasando eso (el que las autodefensas se alíen al movimiento magisterial) en un estado de la República”, expresó.
El diputado del PRI enfatizó que la política se resuelve con el diálogo, por lo que se necesita la construcción de un acuerdo que dure mucho tiempo.
“Los gobernantes en sus entidades federativas deben tener un diálogo permanente y deben haber construido la confianza mutua para que este tipo de cosas no sucedan”, señaló.
El también priísta Manuel Añorve, ex alcalde de Acapulco y quien contendió contra Aguirre por la Gubernatura, avizoró que el movimiento magisterial lleva el camino de la radicalización.
“No tengo la menor duda que la ley no se negocia, y no pueden radicalizar una lucha que dañe al estado de Guerrero; no es el mejor camino, radicalizar la lucha que ellos vienen encabezando”, previno.
Por su parte senadores del PAN llamaron al Gobierno federal a disolver a los grupos armados de autodefensa civil que se sumaron al magisterio.
“Es un desafío a la gobernabilidad del País y justamente en lo que coinciden ambos grupos es que las pretensiones de los dos son ilegales. Si el Gobierno no actúa, tendrá la presión de la sociedad que ya está contra las cuerdas por las acciones de estos grupos”, dijo Javier Lozano.
La senadora del PAN, Laura Rojas, quien ya había puesto a discusión el tema en la tribuna, reiteró el llamado al Gobierno federal para que disuelva los grupos de autodefensa “porque son ilegales y no sabemos realmente a que fines atiendan”.
Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, advirtió que de registrarse protestas sociales con la presencia de civiles armados, el Ejército mexicano y la Policía Federal podrían intervenir para someter a quienes violen la ley y encarcelarlos.
“Por ejemplo, si toman una carretera armados el Ejército y la Policía tienen que entrar para desarmarlos y detenerlos. No vamos a permitir que un grupo de rijosos tomen las carreteras”, dijo.
Marchan unidos maestros y ‘autodefensa’
Integrantes de la Policía Comunitaria del Municipio de Tixtla marcharon armados por la carretera federal que conduce a la capital de Guerrero y, apoyados por más de dos mil maestros disidentes, lograron la liberación de uno de sus comandantes que fue detenido el domingo pasado por policías estatales.
Los 40 policías que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los pueblos de El troncón, Tecotzintla, Zacazonapa y Acatempa, acompañados por más de cien estudiantes de la normal de Ayotzinapa iniciaron el recorrido de Tixtla a Chilpancingo.
Durante el trayecto se vivieron momentos de tensión, ya que el director de Gobernación del Estado, Moisés Alcaraz Jiménez, daba a conocer que en la entrada a Chilpancingo había 50 efectivos del Ejército mexicano y policías estatales, que al parecer tenían la orden de impedir que los comunitarios entraran a la ciudad e, incluso, había la orden de desarmarlos.
A una distancia de 100 metros de donde estaba el retén de los militares y policías estatales, unos 2 mil maestros de la Ceteg, muchos de ellos armados con palos y tubos, recibieron con gritos de apoyo a los comunitarios.
Para proteger a los policías comunitarios armados, los maestros formaron dos vallas humanas, debido a que en los costados de la carretera, todavía permanecían medio centenar de soldados y policías estatales.
Luego del mitin en el zócalo, los policías comunitarios regresaron a sus pueblos a bordo de varios vehículos, y los profesores se retiraron en marcha a su campamento.