Una empresa que se vio envuelta en un doble escándalo de corrupción y fraude en el sexenio de Juan Manuel Oliva, fue recontratada por la administración actual.
Se trata de la empresa ‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A.’, que el pasado 5 de marzo obtuvo un nuevo contrato para equipar hospitales públicos de Guanajuato.
En una auditoría realizada el año pasado, el Órgano Superior de Fiscalización había acusado a la citada empresa de haber falsificado documentos y aportado domicilios inexistentes, para obtener 7 contratos por 294 millones de pesos en la Secretaría de Salud.
Por esos presuntos ilícitos, el órgano fiscalizador había recomendado interponer una denuncia penal contra la empresa.
Pese a las observaciones de los auditores, el Comité de Adquisiciones del Estado, presidido por Ricardo Suárez Inda, dio entrada a la oferta de ‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A.’, en la licitación pública internacional para la adquisición de equipo médico, realizada hace un mes.
A la licitación se inscribieron 29 empresas, de las cuales 13 obtuvieron contratos.
En el fallo de la licitación, se otorgó un contrato por 780 mil pesos a favor de la empresa acusada de fraude.
El contrato ampara la compra de 17 productos médicos especializados.
Entre los equipos adquiridos destacan cuatro para uso en el área de cardiología, con valor de 623 mil pesos.
Dos contratos más
El año pasado, la misma empresa había obtenido otros dos contratos para equipar hospitales en Guanajuato, por un monto de casi 4 millones de pesos.
El 17 de enero de 2012, el Gobierno de Juan Manuel Oliva le compró a la citada empresa 120 equipos médicos con valor de un millón 160 mil pesos.
Un mes después, el 16 de febrero, le otorgó otro contrato para adquirir 224 equipos médicos en dos millones 642 mil pesos.
Este segundo contrato se fraccionó en dos partidas: una por 665 mil pesos y la otra por un millón 976 mil.
José Santoyo Olmos y José Oliverio Torres firmaron como representantes de la Secretaría de Salud en ambas asignaciones.
Los socios de esta empresa habían obtenido antes más contratos, bajo la razón social ‘Productividad y Ecología, S.A.’
Dicha empresa -que comparte domicilio con ‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A.’- obtuvo una licitación directa para la instalación de equipo de resonancia magnética en el Hospital General de Celaya.
El monto del contrato fue de 6 millones 973 mil pesos, que excedió casi 6 veces el tope para adquisiciones directas.
Denuncian corrupción
Desde 2011, la Secretaría de la Gestión Pública (hoy Secretaría de Transparencia) había recibido denuncias contra la empresa ‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo’.
El 1 de abril de 2011, la ex funcionaria Carmen Balderas Parada, quien formaba parte del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud de Guanajuato, formalizó una denuncia ante la Gestión Pública, por supuestos arreglos corruptos para favorecer al citado proveedor.
En una carta, la señora Balderas Parada denunció que en la Secretaría de Salud operaba “una verdadera organización que puede encuadrar en asociación delictuosa o delincuencia organizada”.
La misiva detalla que en noviembre de 2010, el entonces Director de Servicios de Salud reunió en el restaurante Campo Viejo, de Marfil, a un grupo de proveedores para mostrarles un listado de los equipos que pretendía adquirir la Secretaría de Salud.
Según la denuncia, el funcionario les pidió que escogieran lo que pudieran surtir, a cambio del pago de una comisión o porcentaje.
En ese encuentro supuestamente se acordó que los mayores pedidos fueran otorgados a la empresa ‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A. de C.V.’.
“Las fichas técnicas enviadas por las unidades que hicieron sus requerimientos de los equipos, que llegaron a manos de Héctor Martínez (director de Servicios de Salud), eran modificadas por el biomédico Persino para encuadrarlas a los equipos que dicha empresa manejaba”, expuso en su denuncia.
A la queja anexó pruebas de supuestas anomalías en el contrato por 238 millones de pesos a favor del mencionado proveedor.
Por ejemplo, dijo que se hicieron compras a precios inflados. Un tomógrafo se adquirió en 34 millones de pesos, a pesar de que su valor comercial es de 25 millones.
“Se favoreció a una empresa en particular, dando como consecuencia que en dicha licitación no se garantizara que las ofertas fueran las mejores en calidad y precio”.
Como evidencia de la corrupción, la ex integrante del Subcomité de Adquisiciones citó el lujo con el que vive el Director de Servicios de Salud: “Viaja en un BMW, ya construyó su casa residencial emulando al ‘Negro’ Durazo, de puro mármol”.
Los documentosy domicilios falsos
La denuncia de la funcionaria coincide con el hallazgo que hizo el Órgano Superior de Fiscalización, de un contrato multimillonario -el más grande en la historia de la Secretaría de Salud- a favor de la empresa ‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A. de C.V.’.
En realidad no fue uno, sino siete los contratos asignados a esa empresa, que sumaron 294 millones de pesos. De un tirón, surtió mil 200 equipos médicos a hospitales.
Para justificar su capacidad instalada para servicio de mantenimiento, el proveedor aportó como suyo el domicilio de la empresa trasnacional Philips, en Huixquilucan, en el Estado de México. Su supuesto centro de atención en la colonia Los Arcos Vallarta, en Guadalajara, es en realidad una sucursal del banco Santander y un estacionamiento.
Su domicilio fiscal también resultó inexistente, pues corresponde a la zapatería ‘Van-Vien’, en Naucalpan.
Además de aportar domicilios falsos, la empresa incurrió en falsificación de documentos.
En el expediente que los representantes de ‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo, S.A.’ presentaron para participar en la licitación de equipos médicos, anexaron documentos de respaldo supuestamente expedidos por la empresa Welch Allyn Inc., MD International, con sede en Estados Unidos.
Al cotejar firmas, se descubrió la falsificación.
“La hoja membretada en la que está impresa la carta no corresponde a las que utiliza la compañía, en adición a que la firma no corresponde con mi firma”, advirtió la representante de la empresa norteamericana, en un oficio enviado al Órgano de Fiscalización.
Llega caso a Nueva York
El escándalo de la falsificación llegó al corporativo de Welch Allyn en Nueva York. Un representante legal ratificó que las cartas compromisos de respaldo eran apócrifas.
“Confirmo que Damaris Vázquez no cuenta con facultades legales para actuar como representante para Latinoamérica. En adición, la firma que ostenta la carta de la compañía no corresponde”, escribió el abogado de Welch Allyn.
“Los nombres y firmas (en 3 de 4 documentos presentados) no corresponden a personal autorizado por nosotros”.
El fraude ocurrió en 2010, cuando el secretario de Salud de Guanajuato era Jorge Armando Aguirre Torres. A raíz del escándalo de corrupción, el funcionario fue despedido.
También por este caso fue destituido todo el Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud, y los funcionarios Luis Gerardo Alonso Persino y Rafael Anda Pérez, que eran los responsables de verificar la autenticidad de los documentos presentados y la capacidad de la empresa.
Por el delito de fraude y falsificación se presentó denuncia penal el 25 de junio de 2012.
Le pagansobreprecio
‘Mantenimiento Preventivo y Correctivo’ no tenía capacidad para instalar y reparar los equipos médicos que vendía, ya que era un mero intermediario.
Compraba los equipos a fabricantes o a grandes distribuidores (como Philips y Welch Allyn), y luego los revendía a la Secretaría de Salud de Guanajuato.
Por esa razón vendía a precios caros, y pese a ello ganaba las licitaciones.
En la licitación nacional 40056001-014-10 le compraron equipos especializados para atención en cardiología a un precio hasta 2.6 veces más caros.
Una empresa cotizó en 40 mil 600 pesos el ‘Electrocardiógrafo multicanal con accesorios pediátricos’, pero su propuesta fue descalificada para privilegiar al proveedor que vendió el mismo equipo en 107 mil pesos.
Fisher Medical Group ofreció vender el ‘cardiotocógrafo’, utilizado para medir el ritmo cardiaco fetal, en 57 mil pesos, pero el contrato se entregó a la empresa que cotizó en 92 mil pesos.
Tan sólo en la compra de 82 ‘cardiotocógrafos’ se gastaron en exceso 2 millones 879 mil pesos, por privilegiar la oferta más cara.
Las propuestas más bajas fueron descalificadas con el argumento de que no cumplían con las bases de la licitación.
Vende equipos descompuestos
El proveedor acusado de fraude no sólo vendió equipos caros, sino también defectuosos o incompletos.
En los hospitales de Irapuato y León se instalaron tres equipos descompuestos de radiología digital con fluoroscopía, valuados en 15 millones de pesos.
En el Hospital de Pénjamo no se pudo usar la unidad portátil de ultrasonografía, porque el software con el que se adquirió el equipo no funcionó.
Un estuche de laringoscopio fue adquirido sin base cargadora y sin mango recargable.
Además, quedaron sin uso 7 ecocardiógrafos tridimensionales -cada uno valuado en 2 millones de pesos-, porque se instalaron en hospitales donde no hay especialistas ni personal capacitado para manejar esos equipos de alta tecnología.
El fraude puso en evidencia la corrupción y la falta de planeación y control que predominaba en la Secretaría de Salud de Guanajuato.