Funcionarios estatales fueron demandados por un presunto fraude de casi 10 millones de pesos en la compra-venta de cuatro hectáreas que fueron regaladas a la armadora automotriz Honda.
En el expediente 0895/2011 se menciona a José Luis Rizo Rocha, coordinador de proyectos del área jurídica de la Gubernatura, y a Marco Antonio García Monzón, director de Seguridad Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Económico, como las partes demandadas en el fraude contra un ejidatario que fue despojado de su parcela.
Rizo Rocha es citado en el expediente como “apoderado legal del Gobernador de Guanajuato”.
En la demanda aparecen además los notarios Carlos Hurtado Castellanos y Alejandro Lara Rodríguez, este último ex diputado local por el PRI.
El fraude
En el proceso de compra de tierras para el llamado ‘Proyecto Tungsteno’, los intermediarios del Gobierno del Estado negociaron con un estafador que usurpó la identidad de un ejidatario, para despojarlo de su parcela en la comunidad de Rincón de Tamayo, al sur de Celaya.
De acuerdo con el expediente del caso, el 22 de noviembre de 2010 los representantes del Gobierno de Oliva suscribieron un convenio sin número de registro con Pedro Ávalos Villegas, quien se ostentó como el apoderado legal del ejidatario Samuel Solís Patiño, para adquirir una parcela de cuatro hectáreas que sería incorporada al proyecto de una zona industrial aledaña a la nueva planta armadora de Honda.
El usurpador cobró 9 millones 969 mil 32 pesos con 50 centavos, mediante el cheque número 0018016.
El verdadero dueño del predio reside en Estados Unidos, y cuando vino de visita a una fiesta familiar, descubrió que lo habían despojado de su parcela.
En la firma del convenio, el estafador aportó como su domicilio la casa marcada con el número 239 de la calle Bronce, en la colonia Zona de Oro II, en Celaya. Sin embargo, esa vivienda está deshabitada y está a nombre de una persona distinta.
Para cometer el fraude, Ávalos acudió ante un notario público de Celaya, quien formalizó un falso poder que supuestamente le había otorgado el ejidatario.
Ya con el poder notariado en la mano, pudo negociar la venta del predio. Apenas cobró el dinero, desapareció.
Por este caso se presentaron dos denuncias: una de tipo penal en la agencia 13 de Delitos Patrimoniales por presunto fraude, y la otra de tipo civil, para anular el poder notarial. Se investiga la posible participación de funcionarios estatales en este fraude, así como la responsabilidad del notario, por no haber cotejado la veracidad de las firmas.
Se queda Gobierno con predio
A pesar de que todavía está en curso la investigación por fraude y despojo, el Gobierno del Estado ya registró a su nombre el predio, mediante la escritura 22,425.
La denuncia por presunto fraude también es contra el Gobierno estatal.
Aunque la denuncia se presentó desde octubre de 2011, el juicio no ha concluido.
Este año se han tomado 6 acuerdos ante el Juzgado que lleva el caso.
El pasado 5 de marzo de 2013 se aprobaron diligencias, después de 18 meses de haber iniciado el juicio.