Las siete diputadas del PRI, PRD, PVEM y PAN quieren que las mujeres tengan más oportunidades electorales en Guanajuato.
Ayer, presentaron una iniciativa conjunta de reformas a la Constitución y al Código Electoral locales para otorgar a mujeres 40% de candidaturas a cargos de elección popular de mayoría y 50% en cargos de elección plurinominales.
Actualmente, el artículo 17 de la Constitución no establece ningún porcentaje que se deba otorgar a las mujeres. Con la modificación propuesta por las legisladoras quedaría así:
“De la totalidad de solicitantes de registro, las candidaturas a diputados e integrantes de los ayuntamientos, por el principio de mayoría relativa de los partidos o coaliciones, deberán integrarse con al menos 40% de candidatos propietarios de un mismo sexo, procurando llegar a la paridad entre géneros.
“Respecto de las candidaturas a diputados e integrantes de los ayuntamientos por el principio de representación proporcional, se deberá atender a la paridad entre géneros; es decir, las fórmulas deberán ser integradas de manera alternada por género distinto, asegurando que en cada bloque sucesivo de dos haya uno de género distinto (…).
También plantearon que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales obligue a los partidos a destinar 2% del financiamiento público que reciben para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Además, hacer obligatorio que haya dirigentes y consejeras mujeres.
Y que en el Consejo General del IEEG también sea obligatorio que haya consejeras, aunque no señala porcentajes. También, la creación de una Dirección de Equilibrio y Paridad entre Géneros en el instituto.
En una conferencia de prensa conjunta, las priístas Yulma Rocha Aguilar y Erika Arroyo Bello; las perredistas Guadalupe Torres Rea y Georgina Miranda, así como las panistas Karina Padilla Ávila y Alejandrina Lanuza, comentaron su propuesta, aseguraron que los diputados hombres la avalan y aclararon que Guadalupe Sánchez Centeno, del PVEM, también la avala, pero no asistió porque está enferma.
Aprueba Congreso Ley de Igualdad
El Congreso local aprobó por unanimidad la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que busca hacer efectiva la equidad en el trato y las oportunidades entre los géneros.
Entre otras cosas, la ley impone al Gobierno del Estado la obligación de promover la salud sexual y reproductiva a través de sus servicios de salud y en el sector educativo.
También, integrar el principio de igualdad en la formación del personal docente y de las instituciones públicas de salud.
En materia educativa, plantea garantizar el acceso igualitario de niñas y niños a la educación, la eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres.
Además, otorgar las mismas oportunidades para la obtención de becas y otros beneficios para cursar estudios y apoyar a las adolescentes embarazadas que estén en riesgo de abandonar sus estudios.
La ley contempla la creación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato, “como la instancia de coordinación interinstitucional entre los Poderes Públicos, autoridades estatales y municipales y organizaciones de los sectores social y privado, para efectuar acciones destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres”.
Y además, la del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato.
Compromiso para todos
Con la nueva ley, el Gobierno del Estado quedará obligado a “priorizar la atención en la prevención y tratamiento del cáncer de mama y cervicouterino”, así como “respetar las decisiones informadas de la mujer respecto de los tratamientos médicos aplicables, informándole en forma oportuna de las opciones y consecuencias de los mismos”.
También, establecer programas de atención infantil y geriátrica para las mujeres, así como en prevención y atención de enfermedades exclusivas del sexo femenino.
La nueva ley, que fue producto de dos iniciativas, del gobernador Miguel Márquez y del PRD tiene como objetivo en general es darle al Estado y los municipios la responsabilidad de generar las leyes y políticas públicas para impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
Establece que para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto de los poderes públicos, los ayuntamientos y los organismos autónomos deberán incluir la perspectiva de género para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres.
La legislación establece que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas será la encargada de revisar anualmente los resultados de los presupuestos en relación con los programas de las dependencias estatales en materia de perspectiva de género.
También señala que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los ayuntamientos deberán promover la igualdad entre hombres y mujeres en sus respectivos ámbitos.