El presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo Vargas, afirmó que en el trabajo de los alcaldes está el centro de la solución a la violencia.
Durante su conferencia magistral impartida en el Foro de Participación Ciudadana en la Prevención del Delito de León, el especialista en seguridad ciudadana y reforma policial se congratuló con la apuesta de la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez por hacer de la prevención el eje de la política pública en materia de seguridad en la ciudad.
“Las palabras de la Presidenta Municipal motivan y dan esperanza. En el rol de los alcaldes está el centro de la solución. Ni el Presidente de la República, ni los gobernadores deben hacerse responsables del liderazgo en la construcción de alternativas para la prevención del delito.
“Si el Gobierno Municipal no puede hacer una política del delito eficaz, no habrá una solución al tema de la inseguridad”, señaló en el foro.
Sin embargo, el presidente de Insyde afirmó que un trienio no es suficiente para lograr la consolidación de un programa de seguridad integral.
Ve fractura
Ernesto López Portillo Vargas aseguró que hay una fractura entre la Policía y la sociedad, lo cual está haciendo un enorme daño en la construcción de proyectos de prevención del delito en los municipios.
“Vamos más lentos de lo que pudiéramos ir si estuviéramos invirtiendo en la construcción de confianza. Se pueden hacer proyectos muy bonitos, diseños muy sofisticados, se puede sentar a la comunidad con la Policía, pero no se toca el fondo del problema y no se construye una relación sostenible de largo plazo si no se trabaja en la resolución de los problemas que generan la desconfianza, de las causas de la desconfianza”.
Por ello, explicó que su propuesta para los alcaldes es hacer de la construcción de confianza el indicador principal para la conformación de una convivencia distinta.
Ante más de 300 asistentes, el especialista advirtió también que la mayor parte de los gobernantes siguen tomando decisiones respecto a la seguridad, la política criminal y la prevención del delito con muy poca información, cuando este último debería ser el insumo más importante en la toma de decisiones.
Afirmó que muestra de ello es que el País se convirtió en un ejemplo extremo del fracaso de la política antidrogas.
“México es un ejemplo de estudio respecto al costo humano, financiero, institucional, de una política represiva que apuesta por el castigo sin construir soluciones asociadas a las causas profundas de la violencia y el delito”, opinó.