Durante la discusión, el panista Federico Döring cuestionó que sólo se pondrán temporalidad a las patentes de agentes aduanales. Foto: Tomada del Canal del Congreso.

Ciudad de México.- En medio de reclamos de la Oposición por no establecer mecanismos que hagan corresponsables de la corrupción y el contrabando en aduanas a las autoridades del sector, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma a la Ley Aduanera propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El dictamen que se espera sea votado en el Pleno en la sesión de mañana martes, fue aprobado con 31 votos a favor y 12 en contra de la Oposición con cinco cambios.

Los legisladores avalaron ampliar la vigencia de la patente de agente aduanal, originalmente establecida en 10 años con una prórroga por un plazo similar, a 20 años, prorrogables por un plazo igual.

Aprobaron también permitir a los importadores presentar las garantías correspondientes mediante carta de crédito a fin de evitar que hagan uso de la cuenta aduanera, como plantea la propuesta presidencial, y ampliaron de dos a tres años el periodo en el que los agentes aduanales deberán someterse a una certificación.

Además, modificaron el artículo 4 transitorio para establecer con mayor detalle que a las patentes de agentes aduanales y las autorizaciones de agencias aduanales que ya fueron autorizadas les será aplicable la vigencia de 20 años prorrogables y adicionaron un octavo transitorio para señalar que quienes opten por garantizar contribuciones y cuotas compensatorias mediante carta de crédito, les serán aplicables las obligaciones y sanciones establecidas en relaciones con las cuentas aduaneras de garantía.

El proyecto establece una vigencia prorrogable de las patentes de agentes y de la autorización de las agencias aduanales y una constante certificación de los agentes, fija nuevo requisito para ser agente aduanal, entre otras, el no ser servidor público ni estar inhabilitado, presentar su evolución patrimonial y no tener intereses con quienes le solicitan trámite de comercio y suprime las excluyentes de responsabilidad de los agentes y agencias aduanales, adiciona causales de suspensión y establece los casos en que no se podrá solicitar nuevamente la autorización de una patente.

Obliga también al agente aduanal a verificar que los importadores y exportadores acrediten el cumplimiento de las regulaciones y restricciones, a integrar y conservar expedientes con la información y documentación que lo acredite y a ser responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y otras contribuciones.

Establece como requisito que los recintos fiscales y fiscalizado y estratégico, así como las personas que deseen llevar a cabo el despacho aduanero en lugar distinto al autorizado, cuente con sistema electrónico de control de inventarios, videovigilancia, seguridad, trazabilidad y monitoreo en tiempo real.

Crea el Consejo Aduanero como un órgano deliberativo que conocerá y determinará lo que respecta al otorgamiento de la patente de agente aduanal y de la autorización para la agencia aduanal, así como de su prórroga, el procedimiento de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción.

La aprobación del dictamen se dio en medio de críticas de la Oposición, quienes acusaron que las modificaciones responsabilizan a los agentes aduanales de la corrupción y el contrabando en las aduanas, pero omite reconocer la corresponsabilidad de las autoridades aduaneras y del Gobierno en ésta.

El panista Federico Döring recordó que en un oficio, el ex Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, acusó a Juan Carlos Madero, ex funcionario de Aduanas y amigo de la infancia de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, de recibir recursos de negociaciones con operadores externos de las aduanas de Baja California y Sonora, además de que está señalado por probables actos de corrupción relacionados con contrabando de hidrocarburos y de pepino de mar.

El General Secretario de la Defensa señalaba al amigo de Andy, no a un agente aduanal de ser el responsable del huachicol fiscal en el sexenio anterior y le pedía cándidamente a Audomaro Martínez que se ejecutara su renuncia, tal como dice aquí que lo había acordado con el Presidente de la República, obviamente eso no pasó, porque también el General Audomaro Martínez andaba con empresas en la comercialización de combustibles a hidrocarburos en este país”, dijo.

Mostrando la imagen del senador de Morena Adán Augusto López y al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el panista cuestionó por qué sólo le pondrán temporalidad a las patentes de agentes aduanales, si los notarios también pueden corromperse.

“El Gobierno quiere seguir siendo una franquicia del huachicol fiscal y no una autoridad que combata la corrupción de los agregados comerciales de México en Tokio”, afirmó.

La emecista Patricia Flores Elizondo reconoció la importancia de actualizar la Ley Aduanera, pero redes de corrupción como las de huachicol fiscal revelan que el problema no está únicamente en los actores privados, sino en la colusión y falta de vigilancia efectiva a las autoridades aduaneras.

“La propuesta se enfoca casi exclusivamente en imponer nuevas cargas y controles a los agentes y agencias aduanales, pero omite establecer mecanismos claros y vinculantes de control, supervisión y sanción sobre las autoridades responsables, como la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda”, coincidió.

La legisladora advirtió que la reforma no sólo vulnera principios constitucionales como la legalidad y la proporcionalidad, sino que viola el derecho a la presunción de inocencia de los agentes aduanales, al establecer que basta con que se esté sujeto a una investigación para que sea suspendido de sus funciones.

Flores Elizondo advirtió que las modificaciones corren el riesgo de convertirse en un instrumento meramente punitivo para los particulares, pero que no resuelve los problemas estructurales de la corrupción.

DAR

 

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