Ciudad de México La Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), principal accionista de la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), ha escalado a la vía penal un prolongado conflicto civil por el cobro indebido de servicios a la Operadora de Aviación General de Toluca (OAG).
El litigio se centra en el incumplimiento de un convenio de 2011, donde AMAIT renunció a cualquier cobro futuro, pero que retomó en 2014, obligando a OAG a firmar múltiples contratos y ceder un porcentaje de sus ingresos.
El origen del conflicto: Incumplimiento y cobros ilegales
En septiembre de 2011, AMAIT firmó un convenio en el que OAG cedió 27.2 de 96.8 hectáreas asignadas desde 1992, a cambio de un pago de 4.1 millones de dólares y la extensión de su contrato de arrendamiento hasta abril de 2027. En ese documento, AMAIT (actualmente controlada en un 51% por la Secretaría de Marina) renunció expresamente a cualquier cobro futuro a OAG y a las empresas subarrendatarias “por cualquier concepto”.
Sin embargo, a partir de 2014, AMAIT comenzó a exigir cobros a los clientes de OAG por servicios como seguridad y vigilancia. Para 2020, ya había forzado la firma de 96 contratos para obtener el 15 por ciento de los ingresos de OAG por el uso de rampa, tráfico, despacho de aeronaves y emisión de tarjetas de acceso.
Aunque AMAIT argumentó que estos pagos eran exigidos por la Ley de Aeropuertos, estos no estaban previstos en el convenio de 2011.
La derrota legal de la Secretaría de Marina
El 8 de junio de 2021, AMAIT escaló el conflicto al requerir a OAG el pago del 5 por ciento de sus ingresos brutos totales de 2006 a 2020 bajo el concepto de “aprovechamiento por el uso del Aeropuerto de Toluca”.
OAG denunció el incumplimiento del convenio de 2011 ante el juez Víctor Bravo Melgoza, quien en marzo de 2022 ordenó cesar todos los cobros. El juez también dictaminó que el plazo del arrendamiento de OAG había dejado de correr en 2014 debido a la “intromisión ilegal” de AMAIT.
Pese a que la sentencia del juez Bravo Melgoza quedó firme por no ser apelada a tiempo, AMAIT siguió aplicando los cobros. OAG promovió un amparo para forzar el cumplimiento.
En enero de 2023, la jueza Virginia Gutiérrez Cisneros concedió el amparo a OAG, resolviendo que, dado que el convenio de 2011 no contempló excepciones de pago, AMAIT estaba impedida de exigirlos.
Fue hasta febrero de 2025 cuando AMAIT acató la sentencia y el amparo, reanudándose el plazo de arrendamiento de OAG hasta finales de 2037.
AMAIT y la Marina acusan “quebranto al Estado”
Derrotada en el litigio civil, la Secretaría de Marina ha llevado el caso a la vía penal, señalando incluso a los juzgadores.
En un escrito de 2024, AMAIT ya había perfilado esta acción, acusando que el fallo había causado “un quebranto considerable al Estado Mexicano“. El documento advierte que la “actitud de los juzgadores… ha actuado en contra de este valor de servicio público, y ello debe ser objeto no sólo de escrutinio, sino de la imposición de responsabilidades”.
AAK