Con información de Alejandro Sandoval.
Guanajuato.- La reforma a la Ley de Amparo, propuesta por el Ejecutivo, “carga los dados” a favor del Gobierno porque “establece estándares de actuación” a los jueces. Según especialistas, restringir el otorgamiento de la suspensión hará que el juicio de amparo pierda su función, señalaron durante la tercera “Audiencia Pública sobre la Ley de Amparo“, realizada en la Cámara de Diputados.
En el evento, convocado por las comisiones unidas de Justicia y Hacienda y Crédito Público, nueve expertos se pronunciaron en contra de la reforma y expusieron que esta distorsiona la figura de la suspensión y genera desconfianza en los jueces.
José Ángel Santiago Ábrego, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, refirió que los legisladores deben cuidar que el diseño de las normas “no genere ventajas indebidas y justificadas” en favor de alguna de las partes en un juicio de amparo, “y esto es precisamente lo que sucede con la minuta de la Ley de Amparo“.
De aprobarse la minuta en sus términos… basta con que los jueces verifiquen que se actualiza un daño al interés social o a disposiciones de orden público para que se niegue la suspensión… introduce el elemento de interés público… y cuando se mete el análisis del interés público, como el interés de la Administración, lo que dice es que habrá de negarse la suspensión cuando se pueda afectar al gobierno, y es que resulta que el gobierno es, precisamente, una de las partes en el juicio de amparo”, expresó.
Afirmó que, con la reforma a la Ley de Amparo, el Ejecutivo dicta la actuación de los jueces para definir cuándo podrán conceder una suspensión y cuándo no.
“Se instruye a los jueces de Distrito a cargar los dados a favor de una de las partes, a pesar de que el principio de igualdad procesal lo prescribe, así lo prohíbe el artículo 17 constitucional, así está prescrito en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, y así está prescrito también en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, detalló.
Inconstitucionalidad y retroceso jurídico
En su turno, Ileana Moreno Ramírez, magistrada de Circuito, dijo que con la reforma a la Ley de Amparo, “parecería que en algunos casos restringen la posibilidad de que se conceda la suspensión”.
Añadió que la minuta también contraviene lo establecido en la Constitución, que señala que no es necesario acreditar una afectación de difícil reparación para que se conceda una suspensión.
El artículo 128, que me parece que hay que tener mucho cuidado y poner mucho énfasis en él, cuando dice que se tiene que acreditar, por la parte quejosa, que la concesión no le genere un daño de difícil reparación… la fracción décima del artículo 107 constitucional ya no establece como requisito para la suspensión, el de acreditar una afectación de difícil reparación para la parte quejosa. Me parece que si la ley ahora regresa a esta noción. lo que va a hacer es, digamos, ir en contra del texto constitucional en este aspecto”, aseguró.
El exsenador Roberto Gil Zuart dijo que “se trata de uno de los mayores retrocesos jurídicos que ha sufrido el juicio de amparo, y que sus implicaciones son inescindibles de la reciente reforma judicial, de la amputación de los efectos generales del juicio de amparo y de la cláusula que se ha denominado de supremacía constitucional”.
PAN votará en contra de la “ley parchada y mal hecha”
El diputado federal Miguel Ángel Salim Alle adelantó que el PAN votará en contra de la propuesta de modificar la Ley de Amparo que Morena plantea legislar al “fast track”, la cual, según dijo, “es una ley parchada y mal hecha” que vulnera los derechos humanos.
A partir de mañana se empieza a discutir la Ley de Amparo; el grupo de Morena, ustedes saben, hizo prácticamente un albazo en el Senado, donde nos mandaron una ley parchada y mal hecha, y al senador (Manuel Huerta de Morena) se le ocurrió meter el tema de retroactividad que está totalmente en contra de la Constitución”, explicó Salim.
Por ello, agregó que la postura del Grupo Parlamentario del PAN en San Lázaro es rechazar el tema de la retroactividad, realizar modificaciones a la iniciativa y que regrese al Senado.
Como ejemplo de lo mal que está planteada la propuesta de Morena, Salim dijo que un juez no podrá otorgar un amparo directo, cuando a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se le ocurra bloquear una cuenta de alguna empresa, porque tiene alguna sospecha de lavado de dinero o algún tema irregular.
Es decir, el afectado ya no podrá presentar un amparo directo, sino esperar a la investigación, la comprobación, lo que puede durar uno, dos o seis meses, para que se descongelen sus cuentas.
Tampoco se podrán hacer amparos colectivos, por ejemplo, en materia de medio ambiente, si se aprueba esta Ley de Amparo.
Posicionamiento del PAN en Ley de Egresos
Miguel Salim también cuestionó la estimación de crecimiento económico del 1.8 al 2.8% en la Ley de Egresos para el 2026, cuando durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no se tuvo un crecimiento ni del 1 por ciento. Por ello, anticipó que irán en contra de la aprobación de dicha Ley.
Nosotros le preguntamos al gobierno: ‘oye ¿estás programado un crecimiento del 2.8%?, ¿nada más dime cómo?, porque con un Poder Judicial debilitado, con instituciones que ya no existen, sin la Cofece que quitaste, sin el INAI que quitaste, con la Ley de Amparo que están metiendo, con la Ley Aduanera que acaban de aprobar, nada más explícame: ¿cómo están programando un crecimiento de 2.8 por ciento cuando tenemos todos estos parámetros en contra?”, cuestionó Salim.
AAK