Ciudad de México.- Ocho de los 11 estados del País que aplican un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono lo hacen sin transparentar el destino de los recursos recaudados, aseguraron especialistas.
“Hay una diferencia muy grande en todos los estados con respecto al uso de los recursos.
“Con excepción de Guanajuato, parcialmente Tamaulipas y Querétaro, el resto de los estados no dice a dónde se destinan los recursos que se captan”, afirmó Eduardo Piquero, director de México CO2, durante un webinar organizado por México Evalúa.
Respecto a la tasa impositiva que aplica cada entidad, Piquero expuso que hay amplias diferencias: mientras que en el Estado de México y Ciudad de México es de 52 pesos por tonelada, en Querétaro asciende a 640 pesos.
“Estamos viendo un aumento en el número de estados que aplican un impuesto, pero también un incremento en la tasa de los instrumentos que se están creando o que están vigentes.
“Es decir, los estados necesitan más recursos porque la Federación les entrega menos y tienen un déficit que arrastran desde hace algunos años. Esto seguramente quiere decir que vamos a ver más instrumentos de este tipo en los próximos años”, añadió.
Piquero explicó que, actualmente, solo en Guanajuato, Tamaulipas y Querétaro se permite cubrir el pago del impuesto mediante proyectos que reduzcan emisiones.
Consideró que, en caso de establecerse un impuesto verde único a nivel nacional, el enfoque debe ir más allá de la tasa impositiva, y convertirse en un mecanismo que contribuya a reducir o compensar las emisiones contaminantes.
“Es recomendable que haya un solo impuesto a nivel federal, sería lo ideal”, sostuvo el director de México CO2.
Durante el mismo foro, la diputada del Congreso de Guanajuato, Marisa Ortiz, señaló que antes de redactar la iniciativa para establecer el impuesto a las emisiones en Guanajuato se revisaron 28 tipos de gravámenes ambientales a nivel internacional.
Por su parte, Ana Lilia Moreno, coordinadora de Regulación y Competencia de México Evalúa, advirtió que existe el riesgo de que las autoridades hacendarias prioricen el beneficio recaudatorio del impuesto, en lugar de enfocarse en evitar emisiones o en invertir en tecnologías limpias para mitigar el impacto ambiental.
“El problema con el impuesto a las gasolinas, por ejemplo, es que se quedó como recaudatorio y, pues, quitarlo implica dejarle un vacío al erario que no es claro cómo se compensaría, y entonces se entrampan las discusiones”, señaló.
Agregó que, en muchos casos, las autoridades actuales desconocen que este tipo de impuestos existen, ya que fueron creados por funcionarios de hace más de una década.
Finalmente, Paul Sánchez, consultor en regulación de México Evalúa, comentó que Salamanca genera el 20% de las emisiones de dióxido de carbono en Guanajuato, impulsadas particularmente por actividades de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
¿Conoces el impuesto por daño ambiental? Guanajuato ya recaudó más de 100 millones en 2 años
AM publicó el 1 de julio que desde agosto de 2023 que comenzaron la aplicación de los impuestos por daño ambiental en la entidad, hasta mayo de 2025, el Gobierno del Estado ha recaudado 102 millones de pesos con el pago que han hecho 523 empresas.
Los ingresos por este nuevo impuesto han superado los pronósticos de Finanzas.
Hay una aceptación del impuesto. Se basa en lo que era una obligación administrativa, las empresas tenían que reportar esta información a las autoridades estatales o federales. Hasta el momento hay un entendimiento, hay un pago.
“Sí ha habido también cuestionamientos, alguna inconformidad o amparo, pero hasta el momento los que hemos tenido han sido con sentencias favorables”, expuso en entrevista para AM Sergio Daniel Espinosa Soto, subdirector de Ingresos del SATEG (Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato).
En noviembre del 2022 el Congreso local aprobó una reforma a la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato para integrar un capítulo denominado Impuestos Ecológicos de Remediación Ambiental. Entraron en vigor en junio del 2023 derivado de una reforma que consideró un programa de incentivos a los contribuyentes.
La ley contempla tres tipos de impuestos: por la emisión de gases contaminantes; por el depósito de residuos; y por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua. Los dos primeros ya se cobran, y el tercero un artículo transitorio estableció que hasta el 2027, para esperar la modificación de una norma oficial mexicana.
Con este impuesto se busca que la Hacienda Pública del Estado cuente con recursos que le permitan atender su obligación a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para la población.
HLL