Puebla.- Ante las críticas de la Oposición, activistas y defensores de derechos humanos, el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, pidió, a días de su aprobación por el Congreso, llevar a foros de análisis la Ley de Ciberseguridad.
En un comunicado, Armenta reculó de su posicionamiento previo, en el que defendió la legislación, y pidió a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso poblano, la morenista Laura García, convocar a foros que incluyan la participación de diversos sectores.
“Le solicito respetuosamente a la Maestra Laura Artemisa García Chávez, Presidenta en la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado y a los integrantes de la LXII Legislatura, establecer foros en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones de padres de familia, organismos de derechos humanos y colegios de abogados para analizar la Ley de Ciberseguridad en lo correspondiente al ciberacoso, siempre con el propósito de proteger los derechos humanos universales con el mayor consenso posible”, solicitó.
García informó que en respuesta al interés de los ciudadanos y a la petición de Armenta, a partir de esta semana llevarán a cabo mesas de trabajo y debates, como corresponde a un Parlamento Abierto, para analizar el impacto de la ley.
El objetivo, aseguró la legisladora, será garantizar la libertad de expresión y también la responsabilidad ciudadana de cada persona.
Sin embargo, previamente Morena y sus aliados los partidos del Trabajo, Verde Ecologista, Fuerza por México y Nueva Alianza emitieron un comunicado en el que defendieron el recién aprobado ordenamiento.
“No vamos a permitir que desde la cobardía del anonimato que ampara una cuenta falsa, como muchas de las que hoy circulan en la web, se mantenga el intento de dañar la imagen de los diputados y las diputadas, con infundios y ofensas(…) ¡Libertad de expresión sí, injurias desde el anonimato no”, advirtieron.
Armenta defendió ayer la nueva ley, en el marco de una faena comunitaria en Paseo Bravo, y aseguró que no era una reforma contra nadie, que su objetivo era proteger los derechos ante actividades ilícitas.
La Ley de Ciberseguridad, o “Ley Censura” como fue bautizada, entró en vigor el viernes pasado en la entidad y establece una pena de hasta tres años de prisión para quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales.
El Pleno del Congreso local la aprobó el jueves pasado, luego que la mayoría la avaló en menos de una hora en comisiones.
Como iniciativa, fue presentada, en noviembre de 2024, por el hoy coordinador del Gabinete estatal, Luis García Parra, entonces diputado morenista.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del estado, una vez aprobado un proyecto de ley, decreto o acuerdo, no podrá tratarse su derogación sino pasado un periodo ordinario de sesiones.
Si insultas o acosas a alguien en redes, te encarcelarán por 3 años; imponen en Puebla ‘Ley Censura’
Pese a advertencias de organizaciones, en Puebla, entró en vigor la Ley de Ciberseguridad, popularmente conocida como “Ley Censura” que castiga con penas de hasta tres años de prisión a quienes emitan insultos u ofensas en redes sociales.
El Gobierno de Puebla, con control de Morena tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, ha oficializado un nuevo delito en su Código Penal: el ciberasedio o ciberacoso. Esto se oficializó al ser publicado en el Periódico Oficial del Estado este viernes, lo que ha desatado una amplia controversia.
“Comete el delito de ciberacoso quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”, refiere el artículo 480.
La ambigüedad en la definición de “insulto” y la severidad de las penas son los puntos más criticados de esta modificación legislativa que se suma a otros cambios al Código Penal para tipificar delitos como usurpación de identidad, espionaje digital, fraude electrónico, hacking y grooming.
La preocupación expuesta por organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México, radica en que estas nuevas disposiciones podrían ser utilizadas para reprimir la libertad de expresión y la crítica hacia el gobierno.
HLL