CDMX.- Luego de que son buscados la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero.

El juez de control, Iván Zeferín Hernández, adscrito al Penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes solicitadas por la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero.  

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Los implicados en el caso Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez

Entre los implicados dentro de las órdenes de detención están Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.

La FGR señaló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el OADPRS.

Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.

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En caso Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez buscan que comparezca Paulo Uribe

De los exfuncionarios que la FGR busca detener por este caso, Paulo Uribe ya cuenta con citatorio para audiencia por otro caso, que se realizará el próximo 18 de octubre.

En esa diligencia, la FGR buscará imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la administración de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, a empresas como ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco para la construcción de un penal privatizado con capacidad para 20 mil internos.

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HLL

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