Siete años y dos meses de prisión, más el pago de reparación integral y moral del daño a otra de sus víctimas de fraude, es la tercera sentencia dictada a Edgar Francisco Franco Ríos quien defraudó con la venta de casas a través del despacho Punto Legal. Foto: Archivo AM

León, Guanajuato.- Siete años y dos meses de prisión, más el pago de reparación integral y moral del daño a otra de sus víctimas de fraude, es la tercera sentencia dictada a Edgar Francisco Franco Ríos quien defraudó con la venta de casas a través del despacho Punto Legal. 

Esta sentencia corresponde a la causa penal o carpeta de investigación 562 que solo integra a una de las más de 400 víctimas de fraude; el pasado jueves 27 de marzo se realizó la audiencia en la Sala 3 de los Juzgados Orales del Poder Judicial del Estado de Guanajuato en San Francisco del Rincón para dictar sentencia contra Edgar. 

En entrevista con AM, la víctima de esta carpeta quien pidió no revelar su nombre recordó que el 4 de octubre de 2022 presentó la demanda contra Edgar, pues en 2019 le pagó 410 mil pesos por una vivienda ubicada en el fraccionamiento Valle de las Torres. 

El engaño inició a través de Marketplace de Facebook donde se anunciaron los remates de bienes inmuebles, se empezaron a ofertar desde el 2019. Fue entre 2020 y 2021 que nos dimos cuenta que no se habían cumplido con los tiempos de entrega estipulados en los contratos”, contó. 

No hay recursos que garanticen el resarcimiento del daño

Al igual que en las sentencias anteriores, además de ser condenado a años de prisión, la pena de Edgar también incluye la reparación del daño económico, el retiro de sus derechos electorales y de sus derechos para ejercer su profesión de abogado. 

“En mi caso se aplican las mismas sanciones, pero es muy importante saber que no hay en la constitución un artículo o una ley, ni poder humano que pueda obligar al inculpado a resarcir el daño. Si el inculpado se muestra en estado de insolvencia no hay forma de que se le pueda obligar a que liquide. 

“Esto es muy importante porque los asesores victimales particulares tuvieron la delicadeza y la precaución de haber impuesto como medidas cautelares la incautación de cuentas bancarias y bienes inmuebles, se peticionó por escrito a fiscalía y al ministerio público”, apuntó. 

En este sentido, aseguró que tanto en la fiscalía como en el Ministerio Público se les entregó un acuse de recibido firmado y sellado, sin embargo manifestó que ambas autoridades no cumplieron con sus funciones y omitieron darle seguimiento a estas peticiones. 

Desde el 2020 que se presentaron las primeras denuncias hasta el 2024 que fueron las últimas denuncias se pidió por escrito la incautación de cuentas bancarias y bienes inmuebles, pero fiscalía dándole largas al asunto, cancelando y posponiendo audiencias y metiendo recursos de amparo y todo eso dio tiempo suficiente para que el inculpado desapareciera las cuentas bancarias. Las vació. 

“No hay recursos que garanticen el resarcimiento del daño. La posibilidad de que podamos recuperar el dinero es muy limitada, salvo que me equivoque y veamos sobre el avance de los procesos que el Poder Judicial nos demuestre lo contrario”, mencionó. 

Las sentencias 

La primera sentencia se dictó el 29 de noviembre del año pasado cuando Edgar fue condenado a 15 años de prisión, más el pago de la reparación integral y moral del daño a sus víctimas.

Ese día para dictar sentencia contra Edgar se realizó una audiencia en la Sala 5 de los Juzgados Orales del Poder Judicial del Estado de Guanajuato de la causa penal 1P2023-576 (que solo integra a 15 de las víctimas). 

La segunda sentencia se dictó en febrero correspondiente a la causa penal 1P2023/56 que solo integra a una sola víctima, Edgar fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión… 

En total, Edgar Franco acumula 27 años y ocho meses de prisión correspondientes a estas tres carpetas de investigación. 

Cabe destacar que las denuncias de más de 400 víctimas de fraudes inmobiliarios integran 12 causas penales o carpetas de investigación. 

JRL

 

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