León.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emitió una recomendación contra el Cereso de León por no brindar atención adecuada a un joven privado de la libertad que padece una enfermedad mental provocada por el consumo de drogas.
La autoridad penitenciaria no siguió los protocolos para trasladarlo a una clínica bajo supervisión de profesionales de la salud competentes.
La recomendación, fechada el 18 de agosto, se dirigió contra el Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CEPRERESO) de León y resolvió el expediente 0908/2025.
El caso se originó a partir de la queja presentada por una mujer en 2023, quien denunció que su hijo —cuyo nombre fue reservado— no recibía atención psiquiátrica a pesar del deterioro progresivo de su salud.
El diagnóstico médico
De acuerdo con la madre, “comenzó a ver a su hijo sucio, no se movía y no hablaba”. Aunque personal médico del Centro Penitenciario le practicó diversos estudios y diagnosticó un padecimiento psiquiátrico, no se autorizó su traslado a un hospital especializado.
Para ratificar la queja, personal de la PRODHEG entrevistó vía videollamada al joven, recluido inicialmente en el Cereso de Irapuato desde marzo de 2021 y trasladado al de León en diciembre de 2022. Durante la comunicación, se advirtió que “no respondía en su totalidad a los cuestionamientos, tenía la mirada fija, inmóvil, además de un aspecto desaliñado y desaseado”.
El director del centro informó que el paciente estaba en tratamiento por “trastorno mental y del comportamiento por uso de metanfetaminas + psicosis secundaria remitida” y aseguró que los internos con condiciones psiquiátricas reciben tratamiento por especialistas.
Sin embargo, en el expediente se estableció un historial médico complejo: en enero de 2022 fue diagnosticado con trastorno grave por consumo de cristal y se registraron dos intentos de suicidio; en 2023 se le diagnosticó “trastorno delirante esquizofreniforme orgánico” y en abril de 2025, “síndrome psicótico secundario a uso de metanfetamina”.
La madre señaló que, al ingresar al penal de Irapuato, su hijo “estaba orientado, se valía por sí mismo, se aseaba y comía”. Pero en León, “ya no quiere comer, ni tomar agua, se la pasa dormido, incluso se hace del baño en su ropa […] a veces sus compañeros de celda le ayudan para comer o atenderlo […]”. El propio director del penal confirmó estas condiciones.
La recomendaciones
El documento de la PRODHEG concluyó que “no se advierte que Director 01 haya solicitado su traslado a un establecimiento de salud, omitiendo salvaguardar los derechos humanos de la PPL”.
Con ello, se incumplió la regla 109 de las Reglas Nelson Mandela —que establecen que las personas con enfermedad mental grave no deben permanecer en prisión—, el artículo 74 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y una medida previa de no repetición contenida en el expediente 89/21-B de la misma institución.
La recomendación ordena el traslado del joven a un centro de salud especializado, el reconocimiento de su calidad de víctima directa y de su madre como víctima indirecta, así como su incorporación al Registro Estatal de Víctimas.
Además, la resolución se integrará al expediente personal del Director del penal, quien deberá recibir capacitación en derechos humanos junto con el personal que la autoridad determine.
También se decretó la reparación integral del daño, atención psicosocial a la madre, una investigación para deslindar responsabilidades administrativas y supervisiones periódicas en los penales del estado para garantizar atención médica especializada a personas privadas de la libertad con discapacidad o enfermedad mental.
El dato
Las metanfetaminas son estimulantes sintéticos altamente adictivos derivados de las anfetaminas. En las calles se conocen como “cristal”, “crico”, “azul”, “hielo”, “anfeta”, “meta”, “ice” y “speed”.
En México, el consumo de metanfetaminas representa un grave problema de salud pública y, como droga de alto impacto, ocupa el primer lugar incluso por encima del alcohol, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.
En Guanajuato, el 69.10 % de las personas en rehabilitación consumen metanfetamina, lo que coloca al estado en la novena posición nacional, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 2023.
Otras recomendaciones
En Guanajuato, la PRODHEG y la CNDH documentaron violaciones a derechos humanos en otros tres penales: Guanajuato capital, Valle de Santiago y Acámbaro. Los casos incluyen omisiones médicas, revisiones corporales denigrantes y aislamiento indebido de internos.
En Puentecillas, la PRODHEG acreditó que una mujer embarazada no recibió atención médica durante tres meses, pese a presentar sangrado y estar en labor de parto. El parto ocurrió sin supervisión adecuada el 21 de noviembre de 2023.
La Secretaría de Seguridad y Paz aceptó la recomendación emitida, reconociendo que la atención otorgada fue insuficiente y que no se cumplieron las cinco consultas prenatales que marca la Norma Oficial NOM-007-SSA2-2016.
En Valle de Santiago, una mujer denunció revisiones en las que se le obligó a desnudarse totalmente. La PRODHEG acreditó la omisión de la directora del penal y ordenó que se privilegie el uso de medios técnicos de inspección para evitar tratos degradantes.
En Acámbaro, la CNDH detectó a 23 internos en aislamiento, con restricciones de comunicación y lesiones físicas. Emitió medidas cautelares y la PRODHEG abrió una queja. Este penal ya había recibido baja calificación en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024.
RAA