León, Guanajuato.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) ha ofrecido 11 millones de pesos de indemnización a las 5 familias de los trabajadores muertos en la planta de tratamiento, de los cuales, las cantidades mayores, son por la pensión vitalicia que otorgaría el Seguro Social tanto a las viudas como los hijos.
Así lo informó el síndico municipal José Arturo Sánchez Castellanos en entrevista con AM, quien agregó que de esa cantidad, se darían entre 2 millones y 2.5 millones de pesos por familia.
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Destacó que esas cantidades son los valores presentes de la pensión, que es lo más importante, pero a futuro se acabaría pagando más.
“Eso realmente vale más que cualquier indemnización. Y el Seguro Social le va a repercutir a Sapal eso porque le va a incrementar la prima del riesgo de trabajo de una manera muy importante. Sapal va a pagar mucho más por riesgos de trabajo al IMSS”, explicó.
Respecto a lo que han dicho los familiares de los trabajadores fallecidos que SAPAL sólo les ha ofrecido 400 mil pesos de indemnización por cada uno de ellos, Sánchez Castellanos dijo desconocer si los familiares conocen esta información del monto de las pensiones vitalicias, porque los abogados que contrataron les dan la información que quieren.
Agregó que además de la pensión vitalicia, SAPAL les ha ofrecido a los deudos de las víctimas otra indemnización de tres meses más un seguro de vida que estaba contratado con una empresa privada.
En los últimos meses los familiares de tres de los trabajadores fallecidos no han querido recibir la indemnización que les ofrece SAPAL, que dicen que es sólo por 400 mil pesos y que merecen más.
Al respecto, el síndico consideró que no aceptan lo que les ofrece SAPAL porque los abogados llevan comisión de la indemnización que vayan a recibir, pero de la pensión no van a recibir nada, por eso a ellos no les conviene que la acepten los deudos.
Investiga Derechos Humanos tercera queja
La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato recibió una tercera queja por parte de la familia de uno de los cinco trabajadores de Sapal que fallecieron en la planta de tratamiento de aguas residuales por intoxicación el 13 de noviembre de 2020.
Así lo declaró ayer Vicente de Jesús Esqueda Méndez, procurador de Derechos Humanos del Estado, quien aseguró que este procedimiento se resolverá de manera más ágil partiendo de que ya hay una investigación.
“Es un procedimiento que se va a instrumentar de manera más ágil partiendo de que ya hay una investigación y las pruebas que obran en este primer expediente se van a adjuntar a este otro. Las dos primeras quejas se resolvieron juntas y éste sería un segundo expediente pero de una tercera familia. La presentaron (la queja) la semana pasada, pero ya se pidió incluso el informe a las autoridades, será un procedimiento más ágil”, sostuvo.
Las dos primeras quejas fueron presentadas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato por las parejas de dos de los trabajadores finados, denunciaron falta de condiciones dignas en el entorno laboral; así como la falta de apoyos en su calidad de viudas y madre de una menor en uno de los casos.
La resolución de recomendación de la Prodheg con fecha del 29 de octubre concluye que ha quedado acreditada la violación de los derechos laborales por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal).
Al ser cuestionado sobre si Sapal está cumpliendo con las recomendaciones que el organismo le pidió a principios de noviembre, Esqueda Méndez respondió que en breve se empezará a analizar que se estén efectuando.
“En un primer momento no respondieron, al menos de manera clara, señalando si aceptaban o no la resolución. Se va a empezar a analizar ese documento del 9 de noviembre porque le tuvimos que dar vista a los familiares de las víctimas de todos estos documentos”, explicó.
“Estamos esperando que los familiares nos respondan y que nos den su punto de vista para proceder a analizar si han cumplido o no con cada uno de los puntos resolutivos, esto será breve y nos estaremos pronunciando”, apuntó.
Finalmente, añadió que el pasado viernes ex trabajadores de la concesionaria que operaba la planta de tratamiento de aguas residuales también presentaron una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.
“Hubo una manifestación al exterior de la Procuraduría y se recibió una nueva queja entiendo por ex trabajadores de la concesionaria que operaba la planta, les soy honesto es un procedimiento prácticamente reciente que va iniciando y que también en su momento se estará comentando al respecto”, concluyó.
MCMH