Guanajuato, Guanajuato.- El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, de Morena, presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ayuntamiento de Irapuato iniciar un Juicio de Lesividad con el fin de corregir un presunto abuso en la renta de patrullas y revertir la licitación del contrato de arrendamiento.
El exhorto está dirigido a la alcaldesa Lorena Alfaro García, para que, a través de las sindicaturas del Ayuntamiento, promueva dicho juicio y se decrete la nulidad de la Licitación Pública LPN-05/2025, fechada el 19 de agosto de 2025, correspondiente al arrendamiento de 66 vehículos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
‘Derroche de recursos públicos y favores pagados’
De acuerdo con el legislador, el gobierno de Irapuato concretó “el mayor caso de derroche de recursos públicos y de favores pagados”, al comprometer 170 millones 628 mil 872.57 pesos para arrendar vehículos en lugar de adquirirlos.
Esa cifra representa el 6.7 % del presupuesto aprobado para Irapuato en 2025.
El arrendamiento no fue para fortalecer la seguridad pública, sino para pagar un favor”, afirmó Ramos.
Cuestionan licitación ‘entre familiares’
El diputado señaló que una revisión de la licitación revela vínculos familiares entre dos de los tres participantes.
Uno de los licitantes, José Refugio Mata Villanueva, y la empresa ganadora, Transporte Empresarial del Bajío S. de R.L. (TEB), pertenecen a la misma familia. Uno de los socios de TEB es José Antonio Mata Villanueva, hermano del otro licitante.
Además, el 4 de junio de 2025, TEB modificó su objeto social para incluir el arrendamiento de vehículos a gobiernos municipales, estatales y federales, apenas meses antes del proceso de licitación.
Ramos agregó que la falta de planeación es evidente, pues la presidenta municipal reconoció recientemente que el primer lote de vehículos arrendados aún no circula en las calles porque “no está definido el plan de operación”.
Si no hay plan operativo, ¿cómo determinó el municipio que eran necesarios esos vehículos?”, cuestionó el legislador.
El morenista sostuvo que el Ayuntamiento comprometió más de 170 millones de pesos sin justificar por qué era mejor rentar que comprar, sin informar al pleno del Ayuntamiento sobre un estudio de costo-beneficio, y con vínculos familiares entre los licitantes.
“Esto no fue una estrategia de seguridad, fue un favor pagado con dinero público”, afirmó.
Hay en marcha auditoría
Actualmente está en curso una auditoría para revisar el proceso de arrendamiento de 66 patrullas en Irapuato, promovida por regidores de Movimiento Ciudadano y Morena, así como por el diputado Ramos Sotomayor.
La acción deriva de una denuncia de situación excepcional ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
Los denunciantes argumentan que cualquier ciudadano puede pedir la intervención de la ASEG, órgano técnico del Congreso estatal, para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas y dar parte a la autoridad competente.
Uno de los señalamientos es que el contrato excede un ejercicio fiscal, pues tiene una vigencia de tres años, nueve meses y 15 días, contraviniendo el artículo 76 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que solo permite contratos multianuales en casos excepcionales y justificados, acuerdo que —según los denunciantes— nunca se realizó.
Congreso pidió estudio
En agosto pasado, con los votos de PAN y PRI, la Comisión de Asuntos Municipales amplió de cinco a 15 días naturales el plazo para que el Ayuntamiento de Irapuato informara al Congreso sobre el estudio técnico de la licitación de las patrullas arrendadas.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, del PAN, consideró fundamental que se transparente la evaluación legal, técnica y financiera que justificó la decisión de arrendar y no comprar las unidades.
La ciudadanía debe tener plena confianza en el uso de los recursos públicos”, dijo.
Zanella añadió que estarán atentos a los procesos del Comité de Adquisiciones y del Ayuntamiento para garantizar la correcta aplicación de la ley y la rendición de cuentas.
Municipio guarda silencio
El periódico AM solicitó la postura del Municipio de Irapuato sobre el punto de acuerdo; sin embargo, el área de Comunicación Social informó que no emitirán declaraciones al respecto.
El 15 de septiembre, AM publicó que Municipio cuenta con suficiencia presupuestaria para cubrir el arrendamiento de 66 vehículos destinados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, gracias a recursos de libre disposición, de acuerdo con información del tesorero municipal, Miguel Ángel Fonseca Gutiérrez.
AM publicó el 22 de septiembre que por el proceso de arrendamiento de 66 vehículos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por 170.6 millones de pesos, el cual consideran ilegal, regidores de Movimiento Ciudadano y Morena, así como el diputado local Abraham Ramos Sotomayor, interpusieron una denuncia de situación excepcional ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
RAA