A menos de un mes de su primera petición, colectivos, organizaciones civiles, activistas y familiares de víctimas volvieron a exigir la renuncia de Ana Karen Parra Bonilla como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), acusándola de omisión, revictimización y abuso de funciones.
La entrega de oficio, se llevó a cabo este martes 29 de julio en las inmediaciones de la CDHEH, donde las organizaciones informaron que ya fueron presentadas denuncias formales ante el órgano interno de control de la comisión, así como una solicitud para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ejerza su facultad de atracción para investigar las presuntas irregularidades cometidas bajo la gestión de Parra Bonilla.
“Las acciones legales responden a un patrón de revictimización y omisión sistemática que ha puesto en tela de juicio la capacidad de la comisión para cumplir con su mandato institucional”, señalaron.
Entre las denuncias presentadas destacan presuntas faltas administrativas graves como:
• Uso indebido de recursos institucionales para difundir mensajes que distorsionan los derechos humanos.
• Exposición indebida de niñas, niños y adolescentes en redes sociales, vulnerando su derecho a la intimidad.
• Promoción de dinámicas que caricaturizan la migración, lo que calificaron como violencia simbólica e institucional.
• Omisión sistemática en la apertura de quejas de oficio por represión a manifestaciones y abusos de la fuerza pública.
Los colectivos también documentaron quejas por la falta de intervención de la comisión ante abusos policiales ocurridos en municipios como Mineral de la Reforma, Actopan, Miskiyahualla, Metztitlán y San Agustín Tlaxiaca, así como en protestas relacionadas con la desaparición de una adolescente en junio de este año.
De acuerdo con los manifestantes, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo ha emitido 12 recomendaciones a la comisión durante la gestión de Parra Bonilla, mientras que en 2022 solo se registraban tres.
Además, señalaron que la CDHEH:
• No cuenta con mecanismos internos de evaluación entre su personal.
• Carece de un protocolo para la rotación de personal, la cual ha sido constante.
• No ha podido clasificar adecuadamente sus ingresos, que ascienden a más de 5 millones de pesos.
También afirmaron que la comisión tiene un nivel de incumplimiento del 67 por ciento en su recomendación general sobre áreas de detención municipal y que las cárceles del estado presentan una sobrepoblación del 124 por ciento.