Con el respaldo de diputadas de diferentes bancadas e integrantes de la Asociación Ley Sabina, fue presentada ante el Congreso de Hidalgo una iniciativa para reformar el artículo 141 Bis de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo y hacer público el registro estatal de deudores y deudoras alimentarios morosos.
Durante la sesión ordinaria, la propuesta fue defendida como un paso crucial en el reconocimiento de la violencia económica contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, al visibilizar a quienes incumplen con la obligación legal y moral de pagar pensión alimentaria.
“Un deudor oculto es un agresor protegido. Basta de impunidad patriarcal. Que sea público el registro ya”, exigió desde tribuna la diputada Tania Meza Escorza, quien dio continuidad a la presentación de la iniciativa.
La propuesta busca establecer la obligación de difundir el registro de personas morosas en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, conforme a la legislación de protección de datos personales. Además, plantea reducir de 90 a 60 días el plazo para que una persona sea considerada deudora alimentaria morosa, ya sea por periodos consecutivos o no dentro de un mismo año.
Desde el Congreso local, se reconoció el trabajo de la Asociación Ley Sabina en Hidalgo, que ha impulsado acciones legislativas y de acompañamiento jurídico para víctimas de violencia vicaria y económica.
“La falta de pago de pensiones también es violencia hacia las mujeres que cuidan, sostienen y protegen solas. Mientras unas están en audiencias, otras trabajan jornadas dobles para alimentar a sus hijas e hijos”, expresaron las legisladoras.
Las impulsoras de la iniciativa recordaron que ya existen registros públicos de deudores alimentarios en entidades como Oaxaca, Puebla, Coahuila y la Ciudad de México, y señalaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha validado su constitucionalidad, al priorizar el interés superior de la niñez.
Las diputadas agradecieron el acompañamiento de mujeres integrantes del movimiento Ley Sabina Hidalgo y destacaron que esta iniciativa no solo responde a una exigencia social, sino a un proceso de colaboración entre activismo, poder legislativo y voluntad institucional.
“Esto no es solo una reforma legal, es una respuesta del Estado a una demanda urgente de justicia”, afirmó la diputada Tania Meza Escorza.
Por su parte, la diputada Karla Perales Arrieta expresó su respaldo a la causa y agradeció el trabajo de las mujeres organizadas:
“Gracias por ser una luz para esta legislatura. Sabemos que la Ley Sabina no es una sola, sino un entramado de normas que deben transformarse para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una pensión alimenticia”.
La propuesta fue turnada a la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis. Manifestaron también su respaldo los diputados Francisco Xavier Berganza Escorza y Avelino Tovar Ruíz.