Esta mañana en el congreso del estado se llevó a cabo la sesión ordinaria, misma donde el diputado Juan Pablo Escalante Urbano, quien leyó el posicionamiento, hablaron acerca de las problemáticas que se sufren por extorsionistas.
Durante su intervención, Escalante Urbano relató que la iniciativa responde a demandas planteadas por integrantes del sector transportista, quienes en meses recientes realizaron manifestaciones en el Congreso local para denunciar extorsiones, acoso y pérdidas económicas derivadas del delito.
“Esta preocupación no es un caso aislado”, advirtió el legislador, al señalar que tanto a nivel local como nacional, el reclamo de mayores castigos contra extorsionadores se ha vuelto una constante entre concesionarios, operadores y empresarios del transporte.
En ese contexto, el diputado aseguró que la propuesta busca aumentar hasta en una mitad la pena cuando el delito de extorsión se cometa contra personas dedicadas de forma habitual a actividades productivas. La intención, dijo, es frenar un delito que genera un impacto emocional, económico y social profundo.
“El miedo se convierte en rutina”
Durante su posicionamiento, Escalante Urbano ofreció un relato sobre cómo actúan los extorsionadores, a menudo desde el anonimato o haciéndose pasar por integrantes del crimen organizado, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños comercios y operadores de transporte público.
“El miedo y la amenaza provocan cierre de negocios, pérdida de empleos y la fuga de inversiones”, advirtió, al asegurar que el delito de extorsión también ha proliferado como resultado de estructuras criminales que operan en la impunidad.
El legislador señaló que esta propuesta se alinea con los anuncios recientes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha planteado legislar a nivel federal sobre este delito.
También afirmó que la iniciativa es congruente con la visión del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, al asegurar que la protección del ingreso de las familias y el combate a la extorsión deben ser parte de una política de seguridad integral y con perspectiva económica.
Finalmente, desde la tribuna legislativa se pronunció un mensaje dirigido a las víctimas de este delito: “Ya basta de extorsiones”.