Con sanciones de dos a cuatro años de prisión, además de inhabilitación para funcionarios que participen o encubran prácticas que atenten contra la orientación sexoafectiva o la identidad de género de las personas, fue presentada una iniciativa para reformar el Código Penal de Hidalgo y tipificar como delito autónomo ese tipo de actos.

La iniciativa fue presentada en sesión de ayer en el Congreso de Hidalgo, en el marco del Día Mundial de la Diversidad Sexual, como una acción legislativa orientada a erradicar prácticas que, bajo el argumento de ayudar o corregir, reproducen violencia estructural hacia personas de la comunidad LGBTTTIQNB+.

De este modo, argumentó la diputada Tania Meza Escorza de Morena, se hace eco de los testimonios de víctimas que han sido sometidas a intervenciones conocidas como “terapias de conversión” o ECOSIG, que han sido calificadas como actos de tortura.

La legisladora subrayó la urgencia de actualizar el marco jurídico estatal para proteger el libre desarrollo de la personalidad.

PROPUESTA

La reforma busca armonizar la legislación hidalguense con el Código Penal Federal, que desde junio de 2024 reconoce este tipo de agresiones como delitos con penas específicas.

Se plantea derogar el artículo 202 ter, que incluía estas prácticas como parte del delito de discriminación, para en su lugar crear el artículo 276 bis con un nuevo capítulo: Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad.

Este artículo define y sanciona con claridad las acciones que pretendan reprimir o modificar la orientación o identidad de género de una persona, incluyendo agravantes cuando se trata de víctimas en situación de vulnerabilidad o en relaciones de subordinación.