Durante años, el Gobierno de Hidalgo arrendó oficinas en inmuebles propiedad de exfuncionarios y exgobernadores, perpetuando un esquema de beneficios privados con recursos públicos.
Esta práctica está a punto de llegar a su fin con la construcción del Centro Administrativo de Servicios para el Pueblo (CASP), un proyecto que el gobierno estatal considera estratégico para cortar con los vínculos heredados entre poder político y negocios inmobiliarios.
Miguel Ángel Tello Vargas, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, reveló que gran parte de las oficinas actuales del gobierno operan en edificios que pertenecen a personajes del antiguo régimen.
Algunos incluso fueron construidos exprofeso por exfuncionarios para alquilarlos a la administración pública.
“El CASP representa una ruptura con esas viejas prácticas. Vamos a dejar de pagar rentas a particulares que usaban su influencia para beneficiarse del erario”, afirmó Tello.
“Es un acto de justicia financiera y de dignificación del servicio público”.
El nuevo complejo será edificado frente a Galerías Pachuca, en una zona estratégica con conectividad urbana, educativa y comercial. Su objetivo es concentrar a cientos de trabajadores en un solo edificio, eliminar pagos por arrendamiento, y brindar una atención más eficiente a la ciudadanía.
El proyecto no implicará endeudamiento para el estado, lo cual según Tello refleja la visión del gobernador Julio Menchaca Salazar de manejar los recursos con responsabilidad.
Además, el gobierno trabaja en una reingeniería del sistema de transporte público Tuzobús, para garantizar un acceso fluido al nuevo edificio mediante rutas mejor conectadas.
“La idea no es solo construir oficinas, sino rediseñar la relación del gobierno con la gente, eliminando los lastres del pasado”, puntualizó.
La obra está próxima a iniciar y se espera que se convierta en un modelo de administración pública moderna, transparente y libre de intereses privados.