Los diez detenidos por los disturbios en la cementera Cruz Azul, en Tula, la madrugada del miércoles 27 de abril, se acogieron a la duplicidad del plazo constitucional como parte de la audiencia inicial ante un juez de control, acusados de homicidio, lesiones y daño en propiedad.
La audiencia será reanudada hasta el próximo martes, por lo que los detenidos permanecerán en el Cereso de Tula, confirmaron fuentes judiciales.
En el enfrentamiento protagonizado por un grupo de choque contra los cooperativistas que mantienen el control de la planta y que reconocen a Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales, fallecieron ocho personas y 12 resultaron lesionadas.
Los detenidos señalaron que algunos fueron contratados para ir a un desalojo y otros refieren que fueron engañados y llevados a la planta bajo promesa de darles empleo como obreros.
Los inculpados son oriundos del Estado de México, principalmente de los municipios de Chalco, Tecámac, San Juan de Aragón, Ixtlahuaca, Tlapacoya, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Otro estaba radicado en Iztapalapa.
PLANTA DETENIDA POR DIEZ DÍAS
Actualmente la planta no está trabajando debido a que la subestación eléctrica fue dañada durante los disturbios, cuya reparación tardará diez días, lapso durante el cual dejará de producir 500 toneladas de cemento diario, lo que significa una pérdida de 10 a 12 millones de pesos al día.
Este conflicto es generado por dos grupos ya definidos que se dicen encabezar legalmente los consejos de administración y vigilancia de la Cooperativa Cruz Azul.
Se trata, por un lado, de Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez. En la contraparte están Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales, quienes actualmente laboran la cementera ubicada en Tula y señalan contar con amparos para ello.
Los cooperativistas agrupados con Sarabia Pozo y López Morales fueron quienes impidieron la toma de la planta, lo que derivó en el enfrentamiento.