Debido a la omisión de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña de su precandidata Alma Carolina Viggiano Austria, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) serán sancionados por el INE. El órgano electoral determinó mantenerle su derecho a contender por la gubernatura de Hidalgo.

En sesión extraordinaria, este 18 de marzo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el dictamen consolidado de la Comisión de Fiscalización y la resolución del mismo colegiado respecto de las irregularidades encontradas tras la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña al cargo de gubernatura, de los procesos electorales 2021-2022 en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Respecto a Hidalgo, la consejera electoral Carla Humphrey, mencionó que existió omisión de dos partidos políticos de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña de su precandidata a la gubernatura de la entidad. 

Indicó que de acuerdo con la norma, las personas precandidatas aportan toda la información y documentación soporte de sus operaciones a su partido, para que este integre el informe y lo presente ante la autoridad, ya que sólo los partidos políticos tienen acceso al Sistema Integral de Fiscalización, por lo que no es posible que las personas precandidatas presenten el informe por cuenta propia.

Recordó que el Consejo General ha adoptado el criterio que ha sido confirmado y ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que la omisión de presentar el informe de ingresos y gastos constituye una falta grave porque obstaculiza la labor de fiscalización y evade la debida rendición de cuentas de quienes aspiran a un cargo electivo, y por ende trae aparejada la negativa o cancelación de registro de la candidatura respectiva. 

Sin embargo, dijo, en el caso de Carolina Viggiano, la precandidata presentó el informe a las fuerzas políticas postulantes y no pudo hacerlo ante la autoridad, ya que los únicos sujetos con acceso al sistema son los partidos políticos.

“Es claro que no puede darse el mismo tratamiento a una persona precandidata que mostró disposición a cumplir con sus obligaciones de otra que no obtuvo ninguna muestra de atención de la normatividad. La precandidata tuvo actitud de observar la norma y por ello comparto el sentido por cuanto a que su derecho a contender por la gubernatura debe quedar a salvo”, refirió. 

Por el contrario, en el caso del PRI y PRD al ser los directamente responsables de la presentación de los informes en el sistema habilitado para ello, señaló que es claro que incurrieron en una omisión de gravedad especial y efectos perniciosos al sistema democrático y al proceso electoral de Hidalgo por lo que les impondrán una sanción que resulte idónea y proporcional para cumplir las finalidades de prevención, división y disuasión de sanciones futuras. 

CONSEJERO PIDE SANCIÓN

El consejero Martín Faz Mora consideró que la precandidata Carolina Viggiano también debía ser sancionada económicamente por la presentación extemporánea de los informes de precampaña correspondientes a los partidos PRI y PRD.

Pues dijo, “no se puede perder de vista que la obligación de presentar los informes de gastos es solidaria dentro de las personas que aspiran a ser postuladas a una candidatura y los partidos que realizan gastos para posicionarla”. 

Por otra parte, el consejero Jaime Rivera dio un informe general de las revisiones en los seis estados que realizaron precampañas para renovación de gubernaturas, donde de manera global  los sujetos obligados registraron ingresos por 36 millones 602 mil 507 pesos y gastos por 36 millones 589 mil 32 pesos. 

Detalló que las sanciones propuestas en los proyectos, ascienden en las seis entidades a 3 millones 671 mil 397 pesos, monto equivalente a 10 por ciento de los gastos ejercidos. No precisó el monto de las sanciones por cada estado.

Mencionó que subsisten algunas infracciones o algunos errores u omisiones en los reportes de gastos, con un nivel de cumplimiento cercano a 90 por ciento; además que 90 por ciento de las sanciones son concentradas en los partidos políticos nacionales con acreditación local, 6 por ciento en aspirantes a alguna candidatura independiente y 4 por ciento en partidos locales.