La regidora del ayuntamiento de Atotonilco de Tula, Marcela Martínez Cervantes, fue inhabilitada por un año al no presentar su declaración patrimonial. Esta es su segunda sanción de este tipo luego que en octubre de 2020 el Concejo Municipal determinó esa amonestación por cinco meses cuando era candidata a alcaldesa por el Partido del Trabajo (PT).
De acuerdo con el sistema de registro de servidores públicos sancionados de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Contraloría municipal de Atotonilco de Tula inhabilitó a la regidora, quien no podrá ejercer un cargo público a partir del 11 de mayo de este año y hasta la misma fecha de 2022.
El expediente con número PMAT/CIM/PRA/02/2021 señala que la sanción de la Contraloría interna municipal fue por incumplimiento en declaración de situación patrimonial de conclusión del cargo. El proceso contra la excandidata y esposa del diputado federal Julio Cesar Ángeles Mendoza, inició tras una denuncia de un servidor público.
Dicha amonestación es la segunda consecutiva para Marcela Martínez, ya que el 16 de octubre de 2020, el Concejo Municipal de Atotonilco de Tula resolvió inhabilitar por cinco meses a la también expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la demarcación, debido a faltas administrativas durante su gestión en el ayuntamiento anterior.
La resolución de esa inhabilitación fue emitida días previos a las votaciones del 18 de octubre de 2020 para renovar los ayuntamientos de los 84 municipios, donde Martínez Cervantes era candidata del PT a la alcaldía de Atotonilco de Tula, pero la elección favoreció al aspirante de la coalición PAN-PRD y ahora alcalde Jaime Ramírez Tovar.
Tras las votaciones, la expresidenta del DIF municipal quedó como regidora; sin embargo, en diciembre del año pasado, el ayuntamiento de Atotonilco de Tula le impidió su incorporación a las sesiones ordinarias debido a la inhabilitación que le impusieron en octubre y cuya vigencia concluyó en marzo de 2021.
Ahora enfrenta otro proceso de sanción que le impedirá ejercer su cargo.
17 SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES INHABILITADOS
Marcela Martínez se suma a otros regidores y exalcaldes que han sido inhabilitados por contralorías municipales, ya que de acuerdo con el sistema de registro de servidores públicos sancionados de la SFP, de enero a abril de este año Hidalgo acumula 201 servidores públicos sancionados, de los cuales 17 provienen de ayuntamientos.
En marzo de este año fueron inhabilitados por un año los regidores de oposición del ayuntamiento de Pachuca, Pablo Vargas, Ricardo Crespo, Olivia López y Carlos Jaime Conde, por incumplimiento a la presentación de su declaración patrimonial.
Los cuatro regidores no pueden ejercer el servicio público a partir del 30 de marzo de este año y hasta la misma fecha de 2022, por lo que iniciaron procesos jurídicos contra la resolución.
Mientras que en el caso de exalcaldes inhabilitados destacan el de Tlahuiltepa Reginaldo González Viveros, también candidato a diputado local de la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo por el distrito Zacualtipán, así como el ex presidente municipal de Tezontepec de Aldama, Pedro Porras Pérez.
También el exedil de Ajacuba, Salvador Pérez Gómez; el exalcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León; el expresidente municipal de Ixmiquilpan, Pascual Charrez, y la exalcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán.
Las principales causas de las sanciones fueron por no presentar declaración patrimonial y por negligencia administrativa. Los periodos de inhabilitación para algunos son de seis meses y para otros de un año.