En Hidalgo más de 9 mil personas viven con un trastorno autista, quienes necesitan que el Estado les garantice igualdad de condiciones en su desarrollo y respeto a sus derechos humanos. 

Debido a ello, a fin de visibilizar y garantizar atención integral a ese sector y sus familias, la bancada del Partido de la Revolucionario Institucional (PRI) presentó la iniciativa de Ley para la Atención, Protección, Visibilización e Inclusión de las Personas con Condición del Espectro Autista y otros Trastornos del Neurodesarrollo para el Estado de Hidalgo.

En la exposición de motivos la diputada Mayka Ortega Eguiluz recordó que el 2 de abril se celebró el Día Mundial de Conciencia sobre el Autismo y aunque en México no existen datos oficiales actuales sobre la incidencia de esa condición ni de otros trastornos del neurodesarrollo, se estima que 1 de cada 115 menores de edad tienen autismo, dijo.

De acuerdo con estimaciones de la Clínica Mexicana de Autismo y de la organización Autismo Speaks, al menos uno por ciento de los niños y niñas en el país tienen esa condición; es decir, son 94 mil 800 infantes con trastorno autista de entre cero y cuatro años de edad; así como 298 mil de entre cinco y 19 años, detalló.

La legisladora expresó que son personas que demandan la atención, por lo que con esta iniciativa se plantea la creación del Centro Estatal para la Detección y Atención del Autismo y Trastornos del Neurodesarrollo, mientras que la iniciativa de ley en materia se compone de 25 artículos y ocho transitorios.

Este centro será una unidad médica especializada de atención de los Servicios de Salud de Hidalgo, cuyo objeto será capacitar personal o recursos humanos en materia de trastornos del neurodesarrollo, así como estudiar, investigar, tratar, generar estadística e integrar la base de datos de personas con estas condiciones.

Así como diagnosticar a las personas que los presenten y capacitar a sus familiares, además de brindar la atención interinstitucional y acompañamiento a familias, por lo que la Secretaría de Salud se coordinará con el DIF estatal y los municipios.

La iniciativa contempla sanciones para especialistas en la salud que nieguen atender a personas con espectro autista, no proporcionen orientación y actúen con negligencia. Una vez que la ley se apruebe y entre en vigor, el Ejecutivo contará con un plazo de 180 días para expedir un reglamento.

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