El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo publicó ocho lineamientos que deben acatar jueces penales respecto al internamiento de reos, a fin de que sean recluidos en centros penitenciarios y no en cárceles municipales.
Las pautas que se publicaron en el Periódico Oficial de Hidalgo (POEH) derivan de la recomendación que el 30 de octubre emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el encierro irregular de los presos en cárceles distritales de Atotonilco el Grande, Tizayuca y Zacualtipán.
El acuerdo que expidió el Consejo de la Judicatura busca que el internamiento de los reos no se efectúe en prisiones municipales; esto, sin “incidir, modificar ni alterar” el procedimiento penal de los reclusos.
EL ACUERDO Y SUS OCHO ARTÍCULOS
El primer lineamiento que debe seguir un juez penal de primera instancia es disponer al reo en un Centro de Reinserción Social (Cereso) que se encuentre en Hidalgo.
En caso de que una persona sea detenida derivado de una orden de aprehensión, no podrá ser trasladada a cárceles municipales, ya que su competencia solo es albergar arrestos administrativos.
Lo mismo ocurrirá con la medida de prisión preventiva o la pena de cárcel que dicte un juez.
Sin embargo, el artículo 6 señala una excepción, toda vez que una persona podrá ser resguardada solo por 36 horas en una cárcel municipal, después será “necesario” su traslado a un Cereso.
LAS SANCIONES
Para verificar lo dispuesto en el Acuerdo General 64/2018, la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura hará inspecciones en los juzgados de carácter penal.
Posteriormente, formulará un informe en los seis meses subsecuentes; en caso de incumplir con los lineamientos realizará una investigación y sanción “a partir de los procedimientos conducentes en materia de responsabilidad de los servidores públicos”.
¿QUÉ PASÓ CON LA RECOMENDACIÓN?
En la última semana de octubre la CNDH pidió al Tribunal de Justicia de Hidalgo que las tres cárceles municipales no alberguen a procesados o sentenciados penalmente.
Recomendación que fue aceptada el 20 de noviembre por la presidenta del Tribunal, Blanca Sánchez Martínez.
