Pese a que en el país ya existe un protocolo de atención a los casos de violencia política de género, aún es necesario tipificar la acción dentro del Código Penal para establecer sanciones contra quienes cometan dichos actos y no quede tan endeble el castigo, señaló Alberto Duarte Romero, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Federal 05, con cabecera en Tula.
Durante los pasados comicios, diversas candidatas denunciaron ser víctimas de violencia política de género, incluso, la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh) documentó varias situaciones que fueron calificadas como agresiones contra las aspirantes solo por ser mujeres.
Ante este escenario, Duarte Romero mencionó que en la Junta Distrital no iniciaron ningún proceso, pero recordó que por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) se tiene un protocolo de acción para atender los diversos casos, el cual incluye las acciones a tomar por parte de las instancias implicadas.
Sin embargo, refirió que necesitan subir el caso a las diversas cámaras y legislar en materia, porque actualmente el protocolo permite atender las incidencias, pero las penalidades deberían ser mayores para inhibir a la población de cometer dichos actos.
Recalcó que esta es una situación que permanece pendiente para garantizar la participación política de la mujer, no solo a través del voto, sino también para competir por los diversos cargos de elección popular.
Asimismo, mencionó que aunque las leyes han buscado hacer obligatoria la participación de mujeres dentro de las candidaturas, en las pasadas elecciones se registró un caso en Chiapas, similar al de las llamadas “Juanitas”.
En ese estado, 51 mujeres fueron obligadas a renunciar a sus cargos como regidoras y diputadas para que hombres pudieran acceder al cargo, lo que constituye un acto de violencia política de género y fue severamente criticado por la Junta Central del INE.
Por último, recalcó que la formación política de las mujeres también es tarea pendiente de los partidos políticos, quienes tienen partidas presupuestales asignadas para ese cometido y muchas veces no aplican el dinero para lo que corresponde.
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