Las licencias de funcionamiento no son patrimonio de los prestadores de servicios, son propiedad del ayuntamiento y, como tal, pueden ser revocadas bajo ciertas condiciones. Sin embargo, actualmente no se hace valer la ley, comentaron regidores de Tula.

En mesas de trabajo, seis miembros de la asamblea municipal, integrantes de las comisiones de Comercio, Mercados, Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares, iniciaron labores para que las licencias de funcionamiento sean otorgadas y revocadas por el cabildo.

Dentro de las participaciones, el regidor José Miguel Rodríguez Dorantes remarcó la importancia de que los 22 miembros de la asamblea asuman la responsabilidad de asignación y revocación de licencias dentro de un marco legal, porque “existen varios concesionarios que tienen su licencia guardada en un cajón”.

En ese sentido, mediante diversas participaciones se comentó que, de acuerdo con la ley, si una licencia de funcionamiento no se utiliza luego de tres meses puede ser revocada por el ayuntamiento, porque este es el dueño de los permisos, no los concesionarios.

Esta propuesta fue hecha por el alcalde, Gadoth Tapia Benítez, con tal de evitar abusos e irregularidades en la asignación o renovación de licencias para establecimientos de giros rojos.

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Dicha propuesta incluye la precisión de que las licencias no pueden ser rentadas, heredadas, traspasadas o vendidas entre particulares, porque es el ayuntamiento el que otorga el permiso y, al hacerlo, se incurre en una falta que será regulada con una sanción pertinente.

Los miembros de la asamblea señalaron que aún falta afinar detalles de la regulación de licencias, pero esperan que pronto se pueda pasar a cabildo para su votación.