Los 800 millones de pesos que se ahorrarían con la reestructuración de la deuda pública recientemente aprobada por el Congreso de Hidalgo, podrían invertirse en rubros como seguridad, asistencia social o educación.
En una comparativa realizada con el Presupuesto de Egresos de Hidalgo 2018, se observó que el recurso dirigido a algunas instituciones gubernamentales, es menor o similar al ahorro que podría generar la unificación de la cuenta pública.
El pasado martes diputados locales aprobaron la reestructuración de la deuda pública, con lo que se estima un ahorro de aproximadamente 30 por ciento por liberación de participaciones federales y fondos de reserva, cifra que equivale a 800 millones de pesos.
COMPARACIÓN
Dicha cantidad supera, por ejemplo, el recurso destinado en este año para el Centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación, calidad e inteligencia (C6I), cuyo monto es 684 millones 462 mil nueve pesos; 115 millones menos de lo que se ahorraría con la reestructuración.
Caso similar ocurre con el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, que tiene asignado para este año 508 millones 773 mil 561 pesos, o el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo (DIFH) con mil 137 millones 494 mil 364 pesos.
Incluso, el monto que se obtendría por el refinanciamiento es casi cuatro veces más que el presupuesto asignado al municipio de Tulancingo, que asciende a 267 millones de pesos.
El Fortalecimiento a la Protección Social y Rectoría en Salud tiene recurso por 837 millones de pesos, que es un monto similar al ahorro que se obtendría por las modificaciones recientemente hechas a la deuda pública.
De acuerdo con el decreto que aprobaron recientemente los diputados, se estipula que al lograr la liberación de recursos como resultado del proceso de refinanciamiento, el ahorro debe ser aplicado al saneamiento o “balance” del presupuesto de las finanzas del estado.
Tal documento establece que, hasta la fecha, la deuda estatal alberga cinco créditos que equivalen a 5 mil 169 millones 902 mil 159 pesos, por los que el gobierno estatal paga anualmente 718 millones de pesos, a un plazo promedio de 15 años.