Los Ceresos deben precisar si son o no capaces de garantizar los derechos humanos de las personas que tienen prisión preventiva oficiosa, sobre todo de aquellos que pertenecen a sectores vulnerables, y si no, considerar dictar presión preventiva domiciliaria, apelando a la presunción de inocencia, consideró el defensor público, Salatiel Barbosa García.
Bajo este escenario, el abogado informó que la semana pasada solicitó una audiencia de debate para las condiciones de internamiento de uno de sus defendidos, un adulto mayor de 72 años que presentaba inicios de anemia derivado de no comer durante varios días, por un dolor de muelas.
Su defendido, además, es diabético, padece problemas cardiacos, de lumbalgia y otros padecimientos, y tiene tres años recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula porque todavía no se le dicta una sentencia, mientras tanto, tiene prisión preventiva oficiosa por ser acusado de violación.
Mientras se dicta sentencia, la persona adulta mayor estaba siendo desatendida en cuestiones médicas, violentando su derecho humano a la salud y por ello, solicitó la audiencia de debate, misma que es competencia de la juez de ejecución para ser atendida.
Dicha audiencia se celebró el pasado 20 de junio y se dictaminó la atención inmediata a los problemas de salud del adulto mayor, pero además, la juez se pronunció a favor de la salud de los internos al señalar que los directores de los Ceresos, sin necesidad de que una autoridad judicial les ordene que realicen acciones o medidas para preservar este derecho, tiene la obligación de brindar los servicios pertinentes.
REPOSICIÓN DE PROCESO
Salatiel Barbosa señaló que la razón por la que no se ha dictado sentencia a su defendido es porque está a la espera de un perito especializado en el protocolo de Estambul, ya que su defendido alegó que fue torturado por elementos de seguridad, probablemente para confesar el delito del que se le inculpa.
El abogado explicó que el señor tiene año y medio esperando que un perito especializado en el protocolo de Estambul acuda a realizar las pruebas pertinentes, pero a nivel federal son muy pocos los profesionistas en la materia y tienen su agenda llena, por lo menos hasta 2020.
Barbosa García, recalcó que la intención de acreditar la tortura es desechar las pruebas que deriven del maltrato, sin embargo, al no haber confesión, no hay pruebas que desechar y considera que se deja en estado de indefensión a su defendido.
Por ello, recalcó que busca que la medida cautelar se le cambie a prisión preventiva domiciliaria, para que mientras se determina su situación legal, se le pueda garantizar su derecho a la salud, ya que como persona de la tercera edad necesita cuidados específicos, incluso en la dieta diaria.