María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, declaró que el millón de pesos encontrado por la Auditoría Superior de Hidalgo en concepto de gestión social sin justificación deriva de la transición entre administraciones en 2016.
La actual legislatura entró en funciones en septiembre de ese daño, por lo que en dicha cuenta pública le corresponden tres meses.
En entrevista, la legisladora dijo que la problemática no es solo del Congreso, sino que es algo propio de todas las entidades de gobierno al enfrentarse a un cambio de administración.
“No particularizo al legislativo, si no que de manera general las entidades fiscalizadas tienen problemas para presentar documentación comprobatoria, porque una cuenta pública abarca dos administraciones y eso dificulta tener en tiempo y forma la documentación en todos los casos, los poderes, los organismos autónomos, los municipios”, aseguró.
Además, dijo que esperarán a que se les entregue el total de observaciones para trabajar en su resolución.
“Estoy a espera de recibir el pliego de observaciones, hemos observado una problemática de documentación por la transición de administraciones, pero en cuanto lo recibamos, tendremos 30 días para atenderlas y en los 90 días subsecuentes la Auditoría se pronunciará”, agregó.
El Congreso local gastó 1 millón 35 mil pesos en gestión social sin presentar documentos que acrediten la aplicación de ese dinero, por lo que recibió una observación de la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH).