El gobierno federal plantea duplicar el IEPS a bebidas azucaradas y extenderlo a productos ultraprocesados. Aunque se presenta como una estrategia de salud pública, expertos advierten que detrás de la retórica del bienestar hay una lógica recaudatoria que golpeará más a los consumidores de bajos ingresos.
El nuevo paquete económico 2026 propone elevar de 1.64 a 3.08 pesos por litro el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a refrescos y bebidas saborizadas, incluso a aquellas sin azúcar o con endulzantes artificiales. La medida, que también busca gravar dulces, electrolitos orales con alto contenido de glucosa y otros productos ultraprocesados, ha sido presentada por el gobierno como un “impuesto saludable” para reducir el consumo de azúcares y combatir la obesidad.
Sin embargo, detrás del discurso de salud pública se esconde una intención claramente recaudatoria. De acuerdo con estimaciones oficiales, la Secretaría de Hacienda pretende ingresar alrededor de 42 mil millones de pesos adicionales, recursos que —según el argumento oficial— se destinarán al fortalecimiento del sistema de salud. Pero la experiencia de años anteriores demuestra que estos fondos rara vez se etiquetan con precisión o llegan a su supuesto destino.
GOLPE AL BOLSILLO, NO AL PROBLEMA
El incremento al IEPS no sólo encarece productos populares entre las familias mexicanas; también reproduce un modelo de impuestos regresivos, es decir, que afectan más a quienes menos tienen. Mientras los grandes corporativos absorben el impacto mediante estrategias fiscales o de mercadotecnia, el costo recae directamente sobre el consumidor final.
Además, especialistas en nutrición y políticas públicas coinciden en que subir impuestos por sí solo no cambia hábitos de consumo. En países donde se ha aplicado una medida similar, el efecto en la reducción de obesidad ha sido marginal si no va acompañado de educación alimentaria, regulación publicitaria y acceso a opciones saludables. En México, esos componentes siguen siendo la gran deuda.
Por otro lado, la decisión de gravar también las bebidas “light” o con edulcorantes sin calorías resulta contradictoria: castiga a quienes intentan reducir su consumo de azúcar, sin aportar una base científica sólida que justifique el mismo trato fiscal que a los productos con glucosa añadida.
INDUSTRIA Y EMPLEO EN LA CUERDA FLOJA
El sector de bebidas y alimentos procesados, que da empleo a cientos de miles de personas en todo el país, ha advertido que el nuevo esquema podría generar despidos, caída en ventas y reducción de inversiones.
En estados con fuerte presencia industrial, como Nuevo León, Puebla o el propio Hidalgo, los impactos podrían sentirse en la cadena de distribución y en el comercio minorista, especialmente en las tienditas de barrio que dependen de este tipo de productos para subsistir.
Lejos de promover un cambio de hábitos, el aumento del IEPS podría incentivar el contrabando y la venta informal, fenómenos que ya afectan al mercado del tabaco y que podrían replicarse con refrescos y dulces, restando eficacia y transparencia a la recaudación.
LA SALUD NECESITA POLÍTICA, NO SOLO IMPUESTOS
Resulta innegable que México enfrenta una emergencia de salud pública por diabetes, hipertensión y obesidad. Pero combatir esos problemas exige una política integral, no medidas aisladas disfrazadas de buena voluntad fiscal.
Los impuestos saludables pueden ser una herramienta útil si se acompañan de educación, acceso al agua potable, etiquetado claro y programas alimentarios sostenibles.
Mientras eso no ocurra, el aumento al IEPS será percibido más como una forma de endulzar las finanzas públicas que como una estrategia seria para mejorar la salud de la población.