El gobierno federal de Estados Unidos entró en shutdown este 1 de octubre tras la incapacidad del Congreso para aprobar el presupuesto del nuevo año fiscal, una parálisis que ya afecta a cerca de 900 mil empleados públicos y que amenaza con extender sus consecuencias más allá de las fronteras.
Aunque este tipo de cierres administrativos suelen ser un reflejo de la polarización política en Washington, las repercusiones trascienden lo doméstico: México, principal socio comercial de la Unión Americana, enfrenta riesgos inmediatos en comercio, logística, turismo y estabilidad financiera.
ORIGEN DE LA PARÁLISIS
El “shutdown” es un fenómeno que surge de la imposibilidad del Congreso estadounidense de aprobar a tiempo las leyes de gasto federal. Sin financiamiento autorizado, las agencias gubernamentales deben suspender actividades no esenciales, dejando en licencia sin goce de sueldo a cientos de miles de trabajadores.
En esta ocasión, la disputa se centra en las prioridades presupuestales entre demócratas y republicanos, que no lograron acuerdos sobre seguridad fronteriza, programas sociales y recortes de gasto.
El trasfondo, sin embargo, es más profundo: la creciente dificultad de un sistema político dividido para alcanzar consensos en asuntos básicos de gobernabilidad.
IMPACTOS EN ESTADOS UNIDOS
Los efectos se sienten ya en el interior del país: cierres de parques y museos nacionales, retrasos en trámites migratorios y judiciales, incertidumbre financiera para empleados públicos y proveedores, además de un clima de desconfianza en los mercados.
No es la primera vez que ocurre. El cierre más largo, en 2018-2019, costó a la economía estadounidense cerca de 11 mil millones de dólares. La experiencia muestra que, aunque los trabajadores suelen recuperar su salario una vez reabierto el gobierno, la parálisis golpea el consumo, la inversión y la imagen de estabilidad de la primera potencia mundial.
MÉXICO, SOCIO VULNERABLE
Para México, cuya economía depende en más de un 80 por ciento de sus exportaciones hacia Estados Unidos, el shutdown es una mala noticia.
Expertos advierten que la reducción de personal en aduanas y agencias reguladoras puede traducirse en cuellos de botella en la frontera, con pérdidas millonarias para sectores como el automotriz, agroindustrial y manufacturero.
Según estimaciones de organismos empresariales, un retraso prolongado en los cruces podría representar pérdidas de hasta mil 700 millones de dólares diarios en comercio bilateral, afectando tanto a exportadores como a industrias que dependen de insumos estadounidenses para mantener sus líneas de producción.
A ello se suman riesgos en el turismo fronterizo, en la tramitación de visas y permisos, e incluso en programas conjuntos de cooperación migratoria y de seguridad, que quedarían operando con recursos mínimos.
REPERCUSIONES FINANCIERAS Y POLÍTICAS
La incertidumbre también alcanza al terreno financiero: cualquier señal de debilidad en la economía estadounidense tiende a repercutir en la mexicana con depreciación del peso, encarecimiento de la deuda pública y nerviosismo en los mercados de capitales.
Además, este episodio reabre el debate sobre la dependencia estructural de México respecto a su vecino del norte. Mientras en Washington se libra una batalla partidista, los efectos colaterales caen sobre empresas mexicanas, trabajadores de la frontera y consumidores que dependen del flujo constante de bienes y servicios entre ambos países.
MÁS QUE UN ASUNTO INTERNO
El shutdown de 2025 es una muestra de cómo las tensiones políticas internas en Estados Unidos pueden transformarse en un problema regional.
Para México, más que un tema ajeno, se convierte en un factor de vulnerabilidad económica y social, pues afecta al comercio, al turismo y a la estabilidad financiera.
El desenlace dependerá de la capacidad del Congreso estadounidense para lograr un acuerdo. Mientras tanto, México observa con preocupación cómo una parálisis administrativa al otro lado del río Bravo amenaza con convertirse en un golpe indirecto para su propia economía.