El pasado 13 de julio, la usuaria de X, Karla María Estrella, publicó una disculpa obligatoria en su cuenta, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras ser señalada por violencia política en razón de género contra la diputada sonorense Diana Karina Barreras.
La acción no solo provocó una ola de apoyo ciudadano hacia la sancionada, sino que también reavivó un debate urgente y necesario: ¿dónde termina la protección de los derechos políticos y dónde comienza la censura disfrazada de justicia?
La publicación original, emitida en febrero de 2024, cuestionaba presuntos actos de nepotismo al interior del Congreso local de Sonora. Pero el tribunal resolvió que el mensaje tenía una carga simbólica, psicológica y mediática de violencia basada en estereotipos de género.
La consecuencia fue ejemplar: Karla Estrella deberá pagar una multa cercana a los 70 mil pesos, realizar un curso de sensibilización, difundir la sentencia en sus redes, mantenerse inscrita 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política y sostener por al menos 20 días una disculpa pública en X.
Sin embargo, el contenido de la disculpa misma —que inicia con un frío “Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO…”— ha sido objeto de burla, desconcierto y sobre todo indignación. Para miles de usuarios, el caso representa un uso político de la legislación contra la violencia de género para silenciar la crítica, desvirtuando el objetivo original de estas herramientas jurídicas: proteger a las mujeres en contextos de desigualdad real, no blindarlas ante la rendición de cuentas.
UNA SANCIÓN QUE INCOMODA
La reacción social no se hizo esperar. Activistas como Alba Luz Borbón Flores convocaron protestas frente al Congreso de Sonora y denunciaron que esta sanción configura un precedente peligroso.
“Nos están diciendo que criticar a una funcionaria puede costarte decenas de miles de pesos y tu libertad de expresión. Esto es violencia institucional”, declaró Borbón durante la manifestación.
El mensaje de Karla Estrella fue replicado más de 50 mil veces en menos de 24 horas, acompañado de mensajes de solidaridad y reclamos al TEPJF. Algunos juristas han advertido que la interpretación del tribunal es excesivamente laxa y puede ser usada como herramienta de intimidación política contra voces ciudadanas o de oposición.
El descontento va más allá del caso concreto. Hay un hartazgo generalizado por lo que muchos consideran un “uso selectivo” de la justicia electoral, que en algunos casos actúa con contundencia cuando se trata de críticas incómodas, pero permanece pasiva ante expresiones misóginas o amenazas reales contra mujeres que no ostentan cargos públicos.
¿PROTECCIÓN O PRIVILEGIO?
En un país donde la violencia política contra las mujeres sí existe —y ha costado vidas—, trivializar el concepto a través de resoluciones desproporcionadas puede tener un efecto perverso: debilitar la legitimidad de la lucha feminista. La justicia no puede ni debe ser instrumentalizada para blindar a las élites políticas del escrutinio público.
La crítica en redes sociales, aunque a veces ácida o irónica, es una de las últimas trincheras de la ciudadanía frente al poder. Criminalizarla puede dar paso a un entorno autoritario donde la disidencia ya no es un derecho, sino un riesgo legal.
Este caso no es menor. Lo que está en juego no es solo la libertad de expresión de una persona, sino el derecho de toda una sociedad a señalar, cuestionar y exigir cuentas a quienes ocupan cargos públicos.
El mensaje es claro: si hablar tiene consecuencias, callar será la única opción. Y eso, en una democracia, es inadmisible.