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Y mientras Epazoyucan espera resultados, su alcalde enfrenta un proceso por violencia política de género. Carlos M.R. no solo fue acusado de retrasar la toma de protesta de una regidora, sino que ahora carga con una vinculación a proceso que mancha aún más la ya cuestionada administración municipal. Aunque seguirá el juicio en libertad, no es la primera vez que su nombre aparece ligado a señalamientos graves: la diputada Mónica Leanett ya había advertido sobre un posible juicio político. Así, el edil parece más ocupado en tribunales que en gobernar.
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Cuando se habla de escándalos que cimbran la política local, el caso de la diputada con licencia Alhely M.H. se lleva los reflectores por razones que avergüenzan más que indignan. Vinculada junto con Williams.T.L. y Eva.M.H., enfrenta acusaciones gravísimas por violencia sexual contra menores en Zimapán. A pesar de la gravedad de los señalamientos, la legisladora no pisa la cárcel y solo deberá presentarse cada mes ante la autoridad. Mientras tanto, sus abogados buscan mover el proceso fuera de Hidalgo, como si cambiar de escenario pudiera borrar lo que las víctimas narran. En lugar de responder con claridad, los implicados apuestan por los tecnicismos legales.
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Ana Karen Parra insiste en que los resultados están ahí, pero las críticas y la solicitud formal de destitución por parte de colectivos y activistas dicen lo contrario. A pesar de los discursos sobre puertas abiertas y dignidad, lo que más resuena es la constante inconformidad social ante una gestión que, para muchos, no ha estado a la altura de los retos en derechos humanos. Mientras la presidenta de la CDHEH se escuda en decir que su trabajo la respalda, la ciudadanía exige acciones concretas y respuestas a temas urgentes que siguen sin resolverse.
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No se puede exigir a la policía que actúe con firmeza y criterio si no cuenta con la capacitación, el equipo y el respaldo institucional necesarios. Lo ocurrido en Ixmiquilpan, donde una mujer policía fue brutalmente agredida en plena labor, evidencia que el uniforme no basta para proteger a quienes se encargan de la seguridad de todos. Si queremos corporaciones confiables, cercanas y profesionales, hay que invertir en su formación y dignificación. De lo contrario, los discursos de cero tolerancia quedarán cortos frente a la realidad que enfrentan los elementos en las calles.
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Con más de 2 mil 600 accidentes en apenas 18 meses, Pachuca parece estar perdiendo la batalla contra la imprudencia al volante. Las cifras son más que números: son vidas afectadas por conductores distraídos, alcoholizados o simplemente apurados. El llamado del Cabildo a capacitar primero a los propios funcionarios es un buen punto de partida, porque si desde el gobierno no se predica con el ejemplo, ¿cómo pedir responsabilidad a los demás? Urge que la educación vial deje de ser un pendiente eterno y se convierta en una política activa, porque con estos datos, no hay volante que aguante.