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Aunque el alcalde de Ixmiquilpan, Emanuel Hernández, reconoce el deterioro vial y promete un programa intensivo de reencarpetamiento y bacheo, ese diagnóstico ya lo conocen bien las llantas de cada habitante del municipio. Mientras se anuncia que “pronto” comenzarán las obras, tan pronto como el clima y la burocracia lo permitan, la ciudadanía sigue esquivando baches como si fueran obstáculos de rally. Pedir paciencia no basta cuando las lluvias ya dejaron más cráteres que calles, y lo que se necesita es menos rueda de prensa y más cuadrilla en acción.
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Bien dicen que cuando se hacen bien las cosas, los resultados llegan, y en este caso el gobierno de Hidalgo logró gestionar 69 millones de pesos para premiar a diez municipios por su buen desempeño en la recaudación del predial. La respuesta rápida de la federación habla de una buena coordinación entre niveles de gobierno y de la capacidad del estado para obtener recursos adicionales que, si se usan con responsabilidad, pueden marcar diferencia en obras e infraestructura local. Un incentivo que, además de inyectar dinero, empuja a los municipios a tener finanzas más ordenadas.
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No pegó el chicle, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un revés a Carolina Viggiano, determinó que Adriana Flores no cometió calumnia. Al mismo tiempo, el proceso penal en contra de Viggiano por violencia política en razón de género sigue su curso en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. ¿Quién dará el último sartenazo?
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La intención puede ser buena, pero el secretario de Planeación de Hidalgo, Miguel Tello, terminó balconeado en redes por convertir la rehabilitación de espacios públicos en una competencia de likes. Aunque luego aclaró que no se viola ninguna ley ni se trata de promoción personal con recursos públicos, el formato generó cuestionamientos y hasta burlas. En tiempos donde cada publicación cuenta, vale mucho cuidar el fondo y la forma. Gobernar implica claridad y responsabilidad digital.
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En San Agustín Tlaxiaca el alcalde Mario David Medina quiere convencer de que un desalojo con empujones, groserías y detenciones no es abuso, sino protocolo urbano. Mientras tanto, la indignación en redes y el malestar estudiantil hablan por sí solos. Aunque asegura que hubo diálogo previo y que ofrecieron soluciones “razonables”, al final el conflicto escaló justo donde menos se necesitaba: frente a una universidad. En vez de resolver con tacto, la autoridad terminó convirtiendo un tema administrativo en un problema social, y eso, ni con medio alquiler cubierto se justifica.
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El PRI Hidalgo insiste en que todo marcha en calma y unidad, pero tener que aclarar que sus figuras históricas siguen ahí, como Francisco Olvera y los hermanos Rojo, deja más preguntas que certezas. Si de verdad estuvieran tan firmes, no haría falta tanto énfasis ni tantas llamadas para confirmar lealtades. Quizá el verdadero problema no es quién se queda, sino en qué condiciones.