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La administración de Zorayda Robles en Apan parece empeñada en coleccionar conflictos como si fueran logros. Pobladores no se cansan de expresar su molestia por la falta de claridad y la desconfianza acumulada. Este episodio no es aislado, sino parte de una gestión que ha dejado más dudas que resultados.
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Lo más importante en momentos como este son las familias afectadas: más de mil 800 personas que enfrentan pérdidas materiales, incertidumbre y el golpe emocional de ver sus hogares bajo el agua. La emergencia en el fraccionamiento Los Tuzos evidencia, una vez más, que la infraestructura urbana necesita más que parches temporales: requiere atención constante, inversión real y compromiso compartido. Las autoridades deben actuar con prontitud, pero también nosotros, como sociedad, debemos cuidar y exigir que se mantenga en buen estado lo que es de todos.
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La novela del “agua que no quieren pagar” continúa, y la UAEH parece decidida a escribir cada capítulo con más drama legal que voluntad de resolver. Ahora el adeudo asciende a 49 millones de pesos, pero el rector prefiere negar el señalamiento como si eso hiciera desaparecer la factura. Mientras tanto, Caasim insiste en que la deuda es clara, documentada y sentenciada. Todo indica que la universidad quiere salir sin pagar, pero el agua, como la verdad, siempre encuentra por dónde fluir, habrá que ver para dónde va.
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La salud mental debe dejar de ser un tema invisible. Afortunadamente, en esta ocasión el joven que amenazó con arrojarse de un puente peatonal en Pachuca fue auxiliado a tiempo por la policía, pero no siempre hay finales así. El susto ahí queda, pero es urgente que como sociedad entendamos que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de valentía. Autoridades también deben garantizar atención oportuna y espacios accesibles para el cuidado emocional. La prevención empieza con escuchar sin juzgar.
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Lo que era un símbolo colorido y alegre de Pachuquilla terminó en desencanto por la ambición de un vecino que, al parecer, confundió una tradición comunitaria con oportunidad de negocio. Pedir 20 mil pesos mensuales y beneficios fiscales por una barda que por años albergó los emblemáticos papalotes, suena más a abuso que a contribución ciudadana. Autoridades ya buscan alternativas para que esta expresión visual vuelva, ahora sin depender de particulares.