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La historia se repite como un ciclo de negligencia: bastan unas cuantas lluvias para que Pachuca y su zona metropolitana queden al borde del colapso. Los encharcamientos, conatos de inundación y avenidas convertidas en ríos temporales no son un fenómeno nuevo ni impredecible. Son, más bien, el resultado acumulado de décadas de mala planeación urbana, falta de inversión en infraestructura hidráulica y una alarmante pasividad institucional ante un problema que se vuelve más grave con el cambio climático.
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Lo que empezó como una obra inconclusa de Caasim terminó en desastre: la calle San Miguel Azoyatla, en Mineral de la Reforma, vio cómo las lluvias arrancaron el pavimento como si fuera papel mojado. En ocasiones anteriores, vecinas y vecinos, cansados de esperar a las autoridades municipales, que brillan por su ausencia, incluso han tenido que organizarse para limpiar piedras de esa calle. Con más lluvias en camino, parece que también tendrán que armarse de paciencia… y de palas.
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Al alcalde de Epazoyucan Carlos Montaño ya no solo le llueve en lo administrativo, también en lo legal. A menos de un año de haber arrancado su gestión, ya enfrenta una denuncia por violencia política en razón de género, interpuesta por la regidora Lorena Camacho León, a quien, según acusa, le retrasó la toma de protesta de forma injustificada. Y como si no bastara con eso, dicen que hay más denuncias tocando a su puerta. Parece que el edil confundió el cargo con trinchera, y que en lugar de sumar, prefiere poner piedras en el camino… incluso a sus propias compañeras de cabildo.
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La diputada Alhely Medina Hernández parece estar más enfocada en alargar su ausencia que en rendir cuentas claras. Con dos licencias consecutivas aprobadas en tiempo récord, la más reciente, por tiempo indefinido, y una orden de aprehensión pendiente, su estrategia de “desaparecer sin huir” es tan conveniente como preocupante. Que presidiera la Comisión de Gobernación solo acentúa el contraste entre la responsabilidad que ostentaba y el escándalo que ahora la rodea. Mientras tanto, el Congreso le abre la puerta y cierra los ojos.
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El perrito de Tulancingo ya está a salvo y recibiendo el cariño que merece, pero la historia sigue oliendo mal… y no por culpa del lomito. Aunque fue rescatado tras el acto de crueldad que indignó a todos, aún no hay noticias sobre la sanción a quienes lo maltrataron. ¿De qué sirve salvar una vida si no se castiga a quienes la pusieron en riesgo? Si la ley no muerde, los abusos seguirán campantes.