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Sorprende cómo una administración puede perder el rumbo tan rápidamente al rodearse de funcionarios sin conexión ni compromiso con la comunidad. El nombramiento de personal foráneo y sin conocimiento de la realidad de Apan, como el contralor o la secretaria municipal, no solo demuestra improvisación por parte de la alcaldesa Zorayda Robles, sino también una preocupante falta de respeto a la identidad local. ¡La experiencia y el amor por el municipio deberían ser el primer requisito!
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Pues qué conveniente: justo cuando se emite una orden de aprehensión por un caso tan grave como la violación de dos menores en Zimapán, la diputada Alhely Medina Hernández decide que necesita “un descansito” de 30 días, sin molestarse en explicar por qué. Y el Congreso, solícito como siempre, le aprueba la licencia sin chistar, sin suplente y sin preguntas incómodas. ¿Representación del distrito? Que espere. ¿Transparencia? Ya ni para qué. Mientras tanto, la legisladora de Morena se esfuma del radar, no sin antes dejar un asiento vacío y muchas sospechas en el aire.
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La reciente liberación de la alcaldesa de Yahualica, Francisca Lara, nos deja una lección que no debería olvidarse tan rápido: los acuerdos y los recursos públicos deben gestionarse en las mesas de diálogo y no a través de retenciones o bloqueos. Por muy festiva que sea la causa, en este caso la celebración de Corpus Christi, exigir más de un millón de pesos a punta de presión no es precisamente la vía legal ni la más justa para resolver diferencias. Que no se normalice lo que no debería ser habitual: la autoridad no se secuestra, se cuestiona… pero con la ley en la mano.
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Vaya que Joaquín Islas no se guarda nada cuando se trata del PRI en Hidalgo. Desde sus redes sociales, el hijo del exalcalde de Santiago Tulantepec Horacio Islas, lanza dardos con nombre y apellido, especialmente contra Marco Antonio Mendoza Bustamante, actual dirigente estatal, a quien ha bautizado sin rodeos como “el depredador 1 del tricolor”. Y aunque algunos podrían pensar que exagera, otros lo siguen como si de una serie política se tratara, porque cuando Joaquín opina, no hay filtro… ni tregua.
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Las protestas del personal médico no cesan, y esta vez fue el Hospital General de Tula, donde enfermeras, administrativos y médicos decidieron alzar la voz. Lo que comenzó como una manifestación frente al sanatorio, apunta a convertirse en una presión mayor si no hay respuestas, pues ya advirtieron que podrían tomar las oficinas. La exigencia: la salida de cinco directivas señaladas por presuntos actos de corrupción, nepotismo y falta de insumos. Mientras tanto, la salud sigue en la sala de espera.